Un juez de la República admitió una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y le otorgó un plazo perentorio de 24 horas para ejercer su derecho a la defensa ante los señalamientos de haber vulnerado la libertad de culto, la conciencia y el principio de laicidad del Estado con sus recientes declaraciones sobre Jesucristo.

La controversia jurídica se originó tras el pronunciamiento que realizó el jefe de Estado el pasado 27 de enero durante un evento en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En dicho escenario, Petro emitió comentarios de carácter religioso sobre la figura de Cristo que motivaron la reacción del senador Wilson Ruiz Orejuela, quien interpuso el recurso legal.

El juez señaló en el auto de admisión que las declaraciones del presidente no se analizaron como simples opiniones de un ciudadano, sino que se evaluaron bajo el contexto de su investidura como jefe de Estado, lo cual les otorgó un carácter institucional. El despacho consideró que referirse a aspectos centrales del cristianismo implicó una sensibilidad especial al relacionarse con las creencias de millones de personas

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El demandante argumentó ante la justicia que el mandatario, al realizar interpretaciones públicas sobre figuras y dogmas, pudo afectar el derecho de los ciudadanos a profesar libremente su fe. Asimismo, Ruiz señaló que dicha conducta comprometió el deber constitucional de neutralidad religiosa.

El operador judicial advirtió que Petro, en su calidad de presidente, debió abstenerse de emitir pronunciamientos interpretables como posiciones oficiales del Estado en materia doctrinal o teológica. El auto recordó que Colombia es un Estado laico y las autoridades tienen el deber de garantizar el respeto por todas las creencias y convicciones.

Dentro de las pretensiones de la tutela se planteó la posibilidad de que el mandatario realice un acto de reparación simbólica. El objetivo de dicha medida solicitada es que se precise que las afirmaciones no representaron la posición oficial del Estado y se reafirme el respeto por la libertad religiosa y de conciencia.

El proceso entró en etapa de estudio y el jefe de Estado deberá remitir al despacho los documentos y pruebas pertinentes dentro del límite de tiempo establecido, mientras el juez define de fondo si existió la vulneración de derechos fundamentales.

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