El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un informe que catalogó el reclutamiento de menores como un fenómeno estructural y multidimensional en Colombia, donde grupos armados ilegales perfeccionaron sus métodos de captación mediante ofertas estéticas, presiones económicas y estrategias digitales ante la mirada de un Estado que registra un nuevo caso cada 48 horas.

El documento evidenció que hasta noviembre de 2025 se reportaron 194 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA), de los cuales el 44 % fue atribuido al Estado Mayor Central, seguido por el Eln con el 14 % y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) o Clan del Golfo con el 8 %.

Indepaz advirtió que estas cifras oficiales no reflejan la totalidad del problema debido a un subregistro estimado entre el 30 % y el 40 %, ocasionado porque la Fiscalía clasifica muchas denuncias inicialmente como desaparición forzada y no como reclutamiento.

Las dinámicas de la guerra transformaron los mecanismos de vinculación más allá de la coacción armada directa. El informe detalló el uso de procedimientos estéticos como moneda de cambio para atraer a los menores. Un testimonio recogido por la organización explicó: “La ortodoncia ha funcionado particularmente como mecanismo de captación, e incluso —aunque no sabemos exactamente cómo— varios niños afirman que dentro del grupo hay personas que se encargan de ponerla”.

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Además de los incentivos estéticos, los grupos armados instrumentalizaron la cultura popular y las plataformas digitales. Indepaz señaló que la tecnocumbia y los videos virales en TikTok operan como vitrinas de una estética armada que promete estatus y poder. Un habitante de la zona relató: “Muestran el poder que tiene uno allá: tener armas, tener control, tener carros, motos, conseguir las cosas que quieren o que les ha hecho falta en un corto tiempo”.

La investigación expuso que el reclutamiento también se cimenta en ofertas económicas que oscilan entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, aprovechando las carencias materiales de las familias. Sin embargo, las promesas de estabilidad financiera rara vez se materializan, según narró una víctima: “Ella me ofrecía un millón y medio en ese tiempo (...) pero nunca conocí un peso de ellos. Nos daban plata solo para peluquearnos”.

El departamento del Cauca concentró la atención del análisis por ser uno de los territorios más afectados. Las cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN documentaron que, solo en el norte de esta región, al menos 1.045 menores fueron reclutados entre 2019 y 2025. La situación convirtió al Cauca en un “exportador” de niños para la guerra, quienes son trasladados a otros departamentos para romper sus vínculos familiares y comunitarios.

El informe también cuestionó el papel de la Fuerza Pública y las contradicciones en el discurso estatal frente a los bombardeos. Indepaz recordó que el ministro de Defensa actual aseguró que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección”, una postura que el documento contrastó con los principios del Derecho Internacional Humanitario que establecen que los menores no pierden su condición de víctimas.

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Datos de Medicina Legal citados en la investigación indicaron que 214 menores de edad murieron presuntamente a manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en los últimos diez años. Esta violencia institucional se sumó a la presión de los actores ilegales, configurando un escenario donde, según Indepaz, “parece que estuviésemos perdiendo la guerra porque hacemos cosas peores que los criminales”, citando una reflexión política previa sobre el tratamiento del conflicto.

La investigación concluyó que la respuesta estatal continúa siendo reactiva e insuficiente frente a una problemática que la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas calificaron como sistémica. Mientras las comunidades indígenas activaron mecanismos propios como la Guardia Indígena para rescatar a los menores, los grupos armados mantuvieron su expansión territorial y el control social sobre la población civil.

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