Como se venía diciendo pero sin cifras en concreto, en Colombia se vivió por estos días una verdadera feria de la contratación estatal ad portas de la entrada de la vigencia de la ley de garantías, la cual prohíbe la suscripción de contratación pública hasta después de la segunda vuelta presidencial.

La denuncia en concreto este sábado la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien indicó que en 29 días de enero se suscribieron más de 100.700 contratos de prestación de servicios, comprometiendo cerca de $6 billones de pesos.

Para Miranda, quien es además candidata al Senado por la Alianza Verde, el dato más alarmante es que en los últimos 8 días de ese periodo se firmaron 51.496 contratos, lo que representa más del 51 % de toda la contratación del mes.

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Considera que ese aumento de contratos no responde a una planeación responsable ni a una necesidad súbita del Estado, sino que “evidencia un patrón que enciende alertas sobre un posible uso político de la contratación pública justo antes de las restricciones electorales”.

Insistió en que “estamos viendo cómo el Estado corre el riesgo de convertirse en una plataforma de favores burocráticos para asegurar lealtades y fortalecer estructuras clientelares. Hoy llenan eventos con contratistas; mañana podrían pretender llenar urnas con votos amarrados a contratos”.

Según Miranda muchas de las entidades con mayor volumen de contratos cumplen funciones territoriales y estratégicas, lo que incrementa el riesgo de que los recursos públicos estén siendo utilizados con fines electorales.

“Esto no es un debate ideológico. Es una alerta institucional y democrática. La contratación pública no puede convertirse en herramienta de presión política ni en mecanismo para alterar la igualdad de condiciones en el escenario electoral”, afirmó.

Pidió a los organismos de control que revisen a fondo esta contratación masiva, determinen responsabilidades y garanticen que los recursos de los colombianos no se utilicen para hacer política desde el Estado.

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