Tomado de La República
Después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-277 de 2025, resolviera amparar el derecho fundamental al debido proceso de varias entidades del Grupo Keralty y revocar las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaban la intervención de la EPS Sanitas, el Grupo se pronunció y manifestó que seguiran con las acciones judiciales contra el Estado.
Juan David Riveros, abogado externo de Grupo Keralty y vocero oficial para este caso, se pronunció en rueda de prensa y señaló que en las próximas semanas identificarán cuál es el estado de EPS Sanitas luego de la intervención por parte del Gobierno por más de un año, y dejaron claro que no tienen ánimos revanchistas pero seguirán los procesos judiciales nacionales e internacionales con las que tienen intención resarcitoria por parte del Gobierno.
"Después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado. Pero esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado, no sólo a nosotros como organización, sino a millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud que han sufrido en carne propia las consecuencias de una estrategia deliberada de destrucción", manifestó el grupo empresarial.
El abogado destacó que aún no conocen las cifras oficiales pero aseguran que la EPS está "altamente comprometida financieramente, con servicios deteriorados, con niveles de quejas y tutelas sin precedentes, con redes fragmentadas Con una atención deteriorada, inoportuna y desintegrada para los usuarios y con equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación".
Por esto, Grupo Keralty destacó que en los próximos 15 días se reorganizará de forma corporativa para salir "de la crisis que dejó la gestión del Gobierno".
El representante señaló que la intervención no fue un error sino una estrategia "premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó", por esta razón es que también, en enero de este año, demandaron al estado colombiano ante el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en busca de indemnización de US$1.200 millones por daños y perjuicios, los cuales serían reinvertidos en Sanitas.
"Hoy empieza una nueva etapa. No será fácil recomponer los graves perjuicios y daños generados por una errática e injusta intervención, con un impacto negativo en la salud de los colombianos. Desde Keralty y EPS Sanitas, pondremos todos nuestros esfuerzos para enfrentar la situación con dignidad, con ciencia, con compasión y con coraje. Insistimos en la necesaria reordenación y cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones y compromisos inmediatos para abordar este complejo proceso", agregó Grupo Keralty.
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Acciones de las que acusa Keralty al Gobierno nacional
"Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas. El propio Presidente Gustavo Petro lo declaró en campaña y en Gobierno: acabaría con las EPS, de una forma u otra. Lo repitieron sus Ministros. Y lo ejecutaron paso a paso", aseguró la compañía.
Agregaron que posterior a ello, el Gobierno los persiguió administrativamente, con auditorías, investigaciones y campañas de desprestigio que no hallaron una sola falta material, ética o legal, en gobernanza. "Después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro, desmantelando a la EPS Sanitas, destruyendo parte del modelo, debilitando redes, abandonando a los pacientes y desmoralizando a nuestros equipos. Finalmente, dejaron que el deterioro progresivo hiciera el “trabajo sucio”: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera", declaró el grupo.
Repuesta del presidente Petro
Ante la situación, el presidente Gustavo Petro se manifestó por sus redes sociales y aseguró que ha sido el mandatario que menos ha liquidado EPS.
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