El pasado 25 de junio entró en vigencia la Ley 2466 de 2025, que trajo consigo una nueva reforma laboral en Colombia, modificando de manera significativa las condiciones de contratación y remuneración de miles de trabajadores.
Uno de los cambios más relevantes recae sobre las empleadas domésticas, quienes a partir de septiembre deberán recibir un ajuste en el salario y un nuevo tipo de contrato que formalice su relación laboral.
La medida busca dignificar este oficio, muchas veces ejercido en condiciones de informalidad. Desde ahora, todo empleador deberá registrar a su trabajadora en la plataforma PILA, garantizando el acceso a prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, vacaciones y primas.
Sueldo mínimo diario y auxilio de transporte a empleadas domésticas en Colombia
De acuerdo con la normativa, el salario se ajustará al salario mínimo legal vigente, proporcional al tiempo laborado. Así, una empleada doméstica contratada por días deberá recibir como mínimo $47.450 diarios, más $6.667 de auxilio de transporte, para un total de $54.117.
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En contratos semanales o de tiempo completo, el empleador deberá cumplir con todos los aportes en seguridad social, incluyendo salud y pensión, además de prestaciones obligatorias.
Contrato y registro obligatorio para empleadas domésticas
La ley exige que el contrato sea formalizado por escrito —ya sea por días, semanas o tiempo completo— e inscrito en el sistema oficial de seguridad social. Omitir este paso ya no será considerado un simple trámite, sino una violación de derechos fundamentales del trabajador.
El Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores que incumplan podrán enfrentar multas y sanciones legales, como consecuencia de no pagar prestaciones, seguridad social o prima de servicios.
Derechos reforzados a empleadas domésticas y sanciones a empleadores
Con esta reforma, se busca que las empleadas domésticas gocen de estabilidad y acceso pleno a sus derechos laborales. En caso de incumplimiento, podrán presentar quejas formales ante el Ministerio de Trabajo, que será el encargado de investigar y sancionar.
El ajuste marca un hito en la protección de este sector, tradicionalmente uno de los más afectados por la informalidad. A partir de septiembre, cada hogar contratante deberá garantizar condiciones justas y legales.
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