El Gobierno de Venezuela ha denegado la renovación de los visados de los observadores enviados por la Unión Europea para supervisar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, lo que obligará a los miembros de esta misión a abandonar el país sudamericano antes de lo previsto.
Con esta última decisión, "no queda ningún obstáculo ni ningún recurso pendiente que paralice la entrega" de Carvajal a las autoridades estadounidenses, explicó un portavoz de la AudienciaAFP Nacional, quien sin embargo no pudo precisar cuándo se concretará.
De esta manera, la saga judicial en España del jefe de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), detenido en abril de 2019 a petición de Estados Unidos, parece acercarse a su fin.
La batalla judicial ha incluido numerosos recursos de Carvajal para evitar ser extraditado, e incluso su fuga, ya que pasó prófugo más de veinte meses desde que la Audiencia Nacional, tribunal que decide sobre estas materias, aprobara inicialmente su extradición en noviembre de 2019.
En su huída, el general retirado de 61 años se sometió a operaciones de cirugía estética, usaba bigotes y pelucas postizas y cambiaba de domicilio cada tres meses, según la policía, que lo volvió a detener en Madrid en septiembre pasado.
El grupo, de más de un centenar de personas, esperaba permanecer en Venezuela hasta el 13 de diciembre, pero fuentes europeas han confirmado a Europa Press que se irá este domingo, día 5. Según otras fuentes citadas por la agencia Bloomberg, las autoridades venezolanas se han negado a extender los visados y tanto el Ministerio de Exteriores como el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano han pedido la salida de los observadores.
Las fuentes europeas han destacado que los observadores han permanecido en Venezuela un tiempo "importante" --la misión comenzó el 14 de octubre--, incidiendo en que han pasado dos semanas desde la jornada de votación y que la proclamación oficial de los ganadores "ha concluido".
Asimismo, confían en volver "a principios de 2022", momento en el cual el equipo presentará su informe final y, con él, sus recomendaciones sobre las reformas que serían necesarias para "mejorar" futura elecciones. En el examen preliminar, la misión ya puso de manifiesto que, a pesar de las mejoras, ciertas irregularidades ponen en duda la transparencia del proceso.
En concreto, los observadores de la UE, encabezados por la socialista portuguesa Isabel Santos, cuestionaron la falta de independencia judicial, la desigualdad entre los candidatos oficialistas y los opositores y el bajo nivel de transparencia, entre otras cuestiones.
El Gobierno de Nicolás Maduro siempre ha entendido cualquier crítica a procesos electorales internos como una injerencia y, de hecho, ya antes de la llegada de la misión dejó claro que el informe de la UE no serviría en ningún caso para legitimar los resultados que pudiese publicar el CNE venezolano.
El presidente fue más allá el pasado domingo y acusó a los observadores de la UE de ser "espías". "Trataron de manchar el proceso electoral impecable de Venezuela y no pudieron, una delegación de espías", proclamó Maduro.
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