Una intendente y una patrullera de la Policía fueron condenadas a ocho años de prisión por, al parecer, realizar exigencias económicas a la familia de otro uniformado para no provocar su retiro de la Institución.

El uniformado afectado tenía una condición de salud que lo imposibilitaba para realizar labores de campo, por lo cual, fue reubicado para cumplir actividades administrativas.

Según manifestó la Fiscalía, luego de un mes de trabajo del patrullero en la oficina asignada, las dos policías exigieron dinero a la esposa del uniformado afectado para no reportar su supuesta incapacidad para cumplir las funciones de su cargo.

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Los hechos ocurridos en 2013, en la Oficina de Atención Ciudadana de la Estación San Francisco en Cali, fueron denunciados por la pareja del uniformado.

La mujer aseguró que la intendente y la patrullera también le exigían pagos mensuales de $90.000 para que su hija, quien quería ingresar a la Institución, pudiera ser parte de cursos de inducción.

“Se determinó que la intendente se apoderó de la tarjeta de la cuenta de ahorros de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros: el 29 de julio de 2013 por $400.000 y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000”, detalló la Fiscalía.

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La esposa del patrullero denunció, además, que las policías empezaron a exigirle pasajes aéreos, vales de gasolina para sus vehículos, financiación de fiestas y regalos.

 Las dos uniformadas, quienes fueron inhabilitadas para ejercer funciones públicas durante seis años y medio, deberán responder por el delito de concusión y pagar una multa de 66.6 salarios mínimos legales.

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