La degradación tecnológica de la guerra, marcada por el uso de drones cargados con explosivos, ha transformado de manera dramática la dinámica del conflicto armado en el Catatumbo y ha puesto en riesgo directo a la población civil, incluidos niños, comunidades campesinas y la infraestructura social.
Esto es lo que piensan expertos líderes sociales, delegados de Naciones Unidas y agentes del Gobierno acional sobre la emergencia humanitaria que se libra desde hace un año en esta región entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Ellos alertaron sobre el impacto de esta modalidad de ataque en cercanías de escuelas, iglesias y puestos de salud, y reiteraron la urgencia de adoptar una política nacional de humanización del conflicto armado, con aplicación estricta del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Desde la Gobernación de Norte de Santander, el comisionado de paz, Luis Fernando Niño, calificó la situación como “la peor emergencia humanitaria de la última década en el Catatumbo”, y pidió a todos los actores armados desescalar el conflicto.
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La preocupación de las comunidades se agudizó tras los hechos ocurridos en diciembre pasado en el corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, donde se documentaron cerca de 84 ataques con drones, según denuncias de la Mesa Humanitaria del Catatumbo. El caserío quedó prácticamente destruido, en un hecho que sus habitantes comparan con la incursión paramilitar ocurrida hace 25 años, recordó Olga Quintero, de la Mesa Humanitaria del Catatumbo.
De acuerdo con los reportes, estos ataques dejaron como saldo la muerte de un niño de 12 años, un número indeterminado de integrantes de grupos armados ilegales y el confinamiento de decenas de familias, además del cierre prolongado de escuelas, lo que habría provocado la desescolarización de aproximadamente 1.000 menores.
Por su parte, Diana Sánchez, funcionaria del Ministerio de Defensa, advirtió que los grupos armados están utilizando drones artesanales y de baja precisión, lo que incrementa el riesgo para las comunidades. “Son artefactos sin objetivos claros, similares a lo que en el pasado se conocía como tatucos, y mantienen a la población en constante zozobra”, señaló.
“Eso nos tiene que doler. ¿Qué vamos a hacer como Estado, como sociedad civil y como líderes para resolver esta problemática?”, cuestionó Olga Quintero, delegada de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, quien pidió a los actores armados respetar los mínimos humanitarios y distinguir entre combatientes y población civil.Por su parte, Diana Sánchez, funcionaria del Ministerio de Defensa, advirtió que los grupos armados están utilizando drones artesanales y de baja precisión, lo que incrementa el riesgo para las comunidades. “Son artefactos sin objetivos claros, similares a lo que en el pasado se conocía como tatucos, y mantienen a la población en constante zozobra”, señaló.
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Sánchez indicó que el Estado debe invertir recursos significativos en tecnología especializada para contener esta amenaza, garantizando estándares que eviten afectaciones a civiles. Según cifras oficiales, de las 121 víctimas causadas por ataques con drones el año pasado, el 50 % correspondió a miembros de la fuerza pública y el resto a población civil.
Finalmente, la funcionaria reveló que en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca dotar al país de una capacidad real para enfrentar el uso de drones con explosivos en el marco del conflicto armado.
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