Una de las conclusiones que dejó la conversación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue la consolidación de una alianza entre ambos países para combatir la problemática del narcotráfico en distintas regiones del territorio nacional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró ante medios nacionales que el apoyo de Estados Unidos será exclusivamente en materia de tecnología e inteligencia. El funcionario detalló que durante la reunión se analizó la posibilidad de reemplazar la flota de helicópteros de la Policía Nacional, fortalecer la capacidad antidrones y mejorar los sistemas de movilidad.
“Desde el Gobierno Nacional hemos combatido el narcotráfico con contundencia, pero a un elevado costo, perdiendo cientos de hombres. Con este apoyo tomaremos decisiones más acertadas, manteniendo la soberanía nacional”, precisó Sánchez.
Asimismo, el ministro informó que las regiones priorizadas serán Cauca, Nariño, sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, en Norte de Santander.
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Añadió que en estos territorios convergen actores armados como alias ‘Chiquito Malo’, alias ‘Pablito’, así como estructuras criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Igualmente, se conoció que durante el encuentro al mandatario estadounidense le llamó la atención la iniciativa de ejecutar operaciones conjuntas entre Colombia y Venezuela para capturar cabecillas del Eln.
En ese sentido, Sánchez informó que Colombia adelanta acciones para consolidar la cooperación militar con Caracas, a través de la designación de un agregado militar colombiano que permita coordinar dichas operaciones. Sobre los acuerdos de paz, el funcionario señaló que las acciones de la Fuerza Pública están dirigidas a quienes han traicionado el proceso y cuentan con órdenes de captura por distintos delitos.
“Estas acciones son un compromiso para los próximos dos meses. Invitamos a la desmovilización; de lo contrario, actuaremos con total contundencia”, puntualizó.
Reacciones diversas en Norte
Luis Fernando Niño, consejero de Paz de la Gobernación de Norte de Santander, expresó que la ayuda de Estados Unidos no es nueva, pues históricamente ha existido apoyo de agencias norteamericanas en territorio colombiano.
No obstante, reconoció que el reciente anuncio podría incrementar la violencia en la zona, aunque lo considera necesario para restablecer el orden público. “En el pasado se han hecho diversos intentos para lograr la paz, pero las organizaciones criminales no han mostrado intenciones reales de llegar a un cese del fuego”, señaló Niño.
Adicionalmente, el Consejero manifestó que las autoridades insisten en la preservación del Derecho Internacional Humanitario, el cual prohíbe enfrentamientos en medio de la población civil y en instituciones educativas.
Niño también indicó que el trabajo conjunto con el gobierno extranjero permitirá desarrollar operaciones más precisas en la lucha contra el narcotráfico.
or su parte, Carmen García, líder de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, expresó que la solución a los diversos problemas debe ser el diálogo y no la guerra.
Manifestó que deben priorizarse los procesos de paz y la generación de oportunidades para las comunidades, con el fin de evitar nuevas olas de violencia.
“El mes pasado enterramos a 30 de nuestros hijos por el conflicto. Si Estados Unidos piensa apoyar a Colombia, que lo haga mediante fundaciones, programas e infraestructura que permitan el desarrollo de las regiones y no más sufrimiento”, afirmó.
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Entre tanto, Olga Quintero, coordinadora de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), también advirtió que estas acciones militares podrían agudizar el conflicto en la región. La dirigente señaló que, a casi 13 meses de la crisis del Catatumbo, quedó evidenciado que la violencia no resuelve los problemas estructurales. Asimismo, enfatizó que el actual panorama es consecuencia del incumplimiento de algunos puntos del Acuerdo de Paz de 2016.
“El Gobierno Nacional nunca nos cumplió con la sustitución de cultivos ilícitos. En caso de que se presenten enfrentamientos, pedimos el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, indicó.
A nivel institucional, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, afirmó que este apoyo internacional es importante, ya que las cerca de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos han propiciado olas de violencia, la creación de laboratorios y el tráfico de drogas hacia otros países.
“Las últimas erradicaciones y aspersiones se realizaron en 2015. Por ello, es necesario contar con herramientas jurídicas y tecnológicas para contrarrestar esta situación”, aseguró el funcionario.
De igual manera, el funcionario señaló que se requiere mayor presencia de la Fiscalía en la región para adelantar los procesos judiciales correspondientes.
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