Ni la pandemia por el coronavirus, ni los constantes anuncios por parte del Gobierno Nacional con relación al aumento del pie de fuerza para la zona, han logrado frenar la confrontación armada en el Catatumbo. Por el contrario, con el paso de los días la degradación del conflicto en esta subregión del departamento es mayor, por cuenta de un aumento considerable en la presencia de grupos ilegales que se disputan a sangre y fuego el negocio del narcotráfico, con consecuencias lamentables para la población civil.

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Preocupados por esta situación, diferentes actores con incidencia en el territorio, empezando por las mismas comunidades, vienen insistiendo en varios aspectos  esenciales que se hace indispensable tener en cuenta e implementar prontamente, con el fin de que la violencia no se siga intensificando y que contribuyan al proceso de no continuidad y no repetición de la guerra que por décadas se ha librado en este territorio.

Humanizar el conflicto, garantizar una verdadera implementación del Acuerdo de Paz, implementar una nueva estrategia para enfrentar el problema del narcotráfico y aumentar la presencia del Estado, cualificando la inversión social, son algunas de las propuestas, casi que a manera de súplica, que han hecho reiteradamente los distintos sectores que ven con inquietud el panorama del Catatumbo.

Este diagnóstico y sus respectivas recomendaciones han sido recogidas con ayuda de la Comisión de la Verdad, como parte del trabajo que viene haciendo por esclarecer las causas que han generado la violencia en el país, y que será incluido en el informe final.

Saúl Franco, comisionado de la verdad para la zona del nororiente, explicó que desde 2019, ante la nueva escalada de la confrontación armada y el deterioro de la situación, especialmente contra los líderes y lideresas sociales, la Comisión emprendió conversaciones con organizaciones sociales y populares, autoridades del departamento, iglesias, la academia y la misma Fuerza Pública, tratando de llamar la atención sobre la gravedad de lo que está pasando.

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Dijo que, en 2020, a pesar de la pandemia, este ejercicio de diálogo social continuó y durante el año lideraron más de 11 encuentros orientados a tratar de identificar cuáles son las razones por las cuales el espiral de violencia no solo persiste, sino que tiende a complicarse cada día más.

En todos, la conclusión principal fue que el papel del Estado y su presencia “desigual, desbalanceada, casi ausente en términos económicos y sociales, y altamente militar”, sumado a la incidencia de los grupos armados ilegales, tiene afectaciones sobre la calidad y las condiciones de vida de los catatumberos.

Franco manifestó que durante las conversaciones preliminares que se han hecho, un aspecto que ha tenido mucho peso e importancia es la necesidad de esclarecer el papel del narcotráfico, teniendo en cuenta la influencia que tiene en el departamento en términos de cultivos, tráfico y ahora consumo.

“Ya tenemos un diagnóstico relativamente claro, entonces la pregunta ahora es: ¿qué hacer frente a la continuación e intensificación del conflicto?”, dijo.

Para tratar de responder esa pregunta, la Comisión organizó ayer, en Cúcuta, una nueva jornada de los ‘Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición’ en la que estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, autoridades regionales, entre otros.

Falta voluntad política

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, manifestó su preocupación por lo que viene ocurriendo en el Catatumbo y especialmente por la situación a la que se enfrentan las comunidades ante el constante incremento de la confrontación entre los grupos armados, y señaló que ha sido evidente la falta de voluntad política para hacerle frente a este escenario.

Para Vivanco, hay al menos cuatro medidas específicas que se deben tener en cuenta, si lo que se quiere es frenar la escalada violenta que tiene sumida a la población de la zona.

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La primera de ellas, aseguró, es aumentar la presencia del Estado, no solo en términos sociales, sino de justicia, pues ante la ausencia de funcionarios que investiguen y asuman los casos que se presentan a diario, la impunidad crece.

“Esto no es una prioridad para las autoridades. Hay una enorme debilidad en la coordinación de la institucionalidad, a lo que se le suma un alto grado de corrupción”, dijo.

Entre tanto, agregó que mientras los grupos armados puedan usar a Venezuela como su retaguardia, va a ser muy difícil que la apuesta militar logre resultados mejores. “Lo que hemos visto en el Catatumbo es que el Gobierno manda tropas y tropas, pero eso no ha logrado mejorar los indicadores. La estrategia tiene que estar más enfocada a proteger la población y prevenir los abusos”, propuso.

Enfrentar de una manera mucho más eficaz el problema del narcotráfico y darle mayor valor a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, son otros de los aspectos en los que insistió Vivanco.

“Implementar estos planes va a ayudar a fortalecer la relación entre el Estado y la población. En muchas zonas, las personas sienten que el Estado es únicamente la Fuerza Pública”, opinó.

El expresidente Ernesto Samper, quien también participó en el diálogo, insistió en la propuesta que desde el año pasado han venido liderando en el Catatumbo para desescalar el conflicto y sacar a la población de la confrontación armada, sobre la base de unos mínimos humanitarios.

“Si logramos trancar la ‘hemorragia’ con estos acuerdos, al menos en algunas partes, y les damos un apoyo de presencia social y gestión humanitaria a las comunidades, creo que si no es el final del conflicto, por lo menos vamos a evitar que este sea más doloroso”, consideró.