Pese a la imputación que la Fiscalía hará al exministro de hacienda Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd), el presidente Gustavo Petro insistió en su férrea defensa del exfuncionario.
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En el consejo de ministros del martes, el mandatario insistió en que Bonilla es inocente y que está siendo acusado de hechos que no cometió en el marco del escándalo de la Ungrd.
“Ricardo Bonilla es inocente, es una enorme injusticia de la Fiscalía”, aseguró el presidente en el consejo de ministros, que recordó que él ternó a la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Petro continuó en su defensa del exministro, señalando que “Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la Ungrd”.
Incluso, agregó el mandatario en sus declaraciones, a la Ungrd la manejaron “un grupo de bandidos” refiriéndose a Sneyder Pinilla y a Olmedo López, este último nombrado directamente por el presidente como director de esa entidad.
“Querían financiarse para ser senadores y financiar una disputa interna del Partido Verde, pero no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda siempre”, enfatizó Petro.
Ricardo Bonilla será imputado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd, convirtiéndose en el funcionario de más alto cargo de este Gobierno imputado por un acto de corrupción.
El anuncio lo hizo la fiscal María Cristina Patiño, quien explicó que la imputación se hará luego de que un juez avale el principio de oportunidad en contra de quien sería la principal testigo, la exasesora María Alejandra Benavides.
Sobre Ricardo Bonilla se ha dicho que ordenó presuntamente el pago de dádivas a cambio de votos para lograr aprobar las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.
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La principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, su exasesora y quien firmó un principio de oportunidad del que no se conocen mayores detalles, pero con el que se compromete a declarar en su contra. La investigación revela que habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones por orden de su exjefe.
Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Se trata de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
Por este escándalo de corrupción ya se han tomado decisiones contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, y están en la cárcel los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Además de las imputaciones contra César Manrique, mano derecha del presidente Petro y exdirector del Departamento de Función Pública.
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