El juicio que adelanta esta semana la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño y candidato presidencial, Camilo Romero, escaló de un proceso por presuntas irregularidades en contratación a un complejo enfrentamiento público.

El excandidato presidencial acusó al alto tribunal de vulnerar su derecho a la defensa con fines políticos, mientras que la Corte insiste en avanzar en un caso que, argumenta, ha sufrido múltiples aplazamientos.

Para entender el conflicto es necesario analizar sus dos componentes principales: el origen del caso y las controversias procesales que han marcado las audiencias.

¿De qué se le acusa? Un contrato de aguardiente en 2016

El origen del proceso se remonta a 2016, durante su gestión como Gobernador de Nariño. La investigación se centra en la adjudicación de un contrato para la comercialización de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño, por un valor superior a los $18.000 millones.

Según la teoría del caso, el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S.A.S., al parecer, sin que se hubiera realizado un proceso de selección que garantizara la participación de múltiples oferentes en igualdad de condiciones.

Por estos hechos, la Corte Suprema lo investiga por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito.

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De forma paralela, la Procuraduría General ya confirmó una sanción disciplinaria en su contra por este mismo caso, que consistió en una suspensión de cuatro meses, la cual se convirtió en una multa de casi $32 millones, al no estar ocupando un cargo público en ese momento.

El Ministerio Público concluyó que Romero "actuó sin la diligencia y cuidado necesario" al no vigilar la actuación del secretario de Hacienda.

El choque en el juicio: ¿Defensa legítima o dilación?

El punto más álgido del enfrentamiento ocurrió esta semana. Ante una incapacidad médica justificada del abogado titular de Romero, Miguel Ángel del Río, la Sala de Primera Instancia, presidida por el magistrado Ariel Torres, ordenó continuar el juicio con una abogada de oficio.

La decisión provocó el retiro de Romero de la audiencia, quien argumentó que se estaba violando su derecho fundamental a elegir su defensa. “Ha vulnerado la Ley 906 en su artículo 121, quiere imponer una abogada de oficio como abogada suplente cuando tengo abogado titular”, reclamó.

El exgobernador sostuvo que nunca fue notificado de la designación y que la abogada no conocía el expediente ni la estrategia de defensa.

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Por su parte, la Sala Especial de Primera Instancia considera que los constantes aplazamientos y recursos presentados por la defensa podrían constituir maniobras para retrasar el proceso hasta que los delitos prescriban. En 2023, la Corte ya había negado una solicitud de nulidad de la defensa, calificando los argumentos de "abiertamente dilatorios".

Camilo Romero ha sostenido públicamente que el proceso judicial es una forma de "sicariato judicial" orquestado en su contra. Afirma que, tras ocho años de investigación, no se ha encontrado "ni una sola prueba" que lo incrimine.

Además, aseguró que el caso se acelera y recibe mayor atención mediática y judicial durante los años electorales.

“Cuando no hay jornada electoral, no hay ningún problema de hablar de dilación (...). En cambio, cuando hay época electoral, se arrecia y se cita”, señaló Romero, comparando la actividad procesal de 2022 y la actual de 2025 con años no electorales en los que, según él, hubo menos audiencias.

Este cruce de acusaciones mantiene el proceso en un limbo, donde la discusión jurídica sobre el contrato de licores compite con el debate sobre las garantías procesales y las presuntas intenciones políticas detrás del juicio.

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