La Sala de Decisión Novena del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca la pérdida de investidura, o “muerte política”, de la senadora María José Pizarro y su hermana, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico, por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades al ser elegidas en los mismos comicios, siendo familiares en segundo grado de consanguinidad.
La acción judicial, interpuesta por la ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy, pidió declarar la desinvestidura de las dos congresistas al considerar que infringieron la causal descrita en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política. Dicha norma prohíbe que personas que estén vinculadas por parentesco, como es el caso de las hermanas, se inscriban por el mismo partido para corporaciones públicas que deban elegirse en la misma fecha.
En el documento se lee que “las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongómez (QEPD) y se inscribieron por el mismo partido para la elección de miembros de Corporaciones Públicas, es decir, para las Elecciones Parlamentarias, realizadas en la misma fecha, esto es el 13 del mes de marzo del año 2022”.
El Consejo de Estado consideró que los hechos presentados en la demanda fueron expuestos con claridad y, por tanto, ameritan un pronunciamiento de fondo para determinar si las congresistas incurrieron o no en la inhabilidad.
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En su auto de admisión, el alto tribunal sentenció: “Admitir, en primera instancia, la acción de pérdida de la investidura interpuesta por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy en contra de las señoras María del Mar Pizarro García como representante a la Cámara por el distrito capital de Bogotá, y la señora María José Pizarro Rodríguez, como senadora de la República, ambas para el periodo constitucional 2022-2026”.
Tras admitir la demanda, el despacho del magistrado ponente, Luis Eduardo Mesa Nieves, ordenó notificar a las dos congresistas del proceso en su contra. A partir de la notificación, María José y María del Mar Pizarro dispondrán de un término de cinco días para responder a los señalamientos y ejercer su derecho a la defensa.
Asimismo, se comunicó la decisión a la Procuraduría General de la Nación para que, si lo considera pertinente, emita su concepto dentro del proceso judicial que apenas comienza.
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