La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes una audiencia pública crucial que se llevará a cabo los días 9 y 10 de julio en Bogotá donde la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz verificará si los ex miembros del último secretariado de las Farc han cumplido las condiciones necesarias para la imposición de sanciones propias por los secuestros cometidos.

Esta diligencia, según explicó el tribunal de paz, es un paso previo e indispensable para la emisión de sentencias contra los máximos responsables que han reconocido su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La audiencia tiene como objetivo verificar la contribución a la verdad, la reparación y la no repetición por parte de los comparecientes. Los magistrados evaluarán si se cumplieron estas condiciones como paso previo para emitir sentencias con sanciones viables, monitoreables y sostenibles.

La JEP se aseguró de que la sentencia proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales antes de definir los trabajos, obras y actividades como parte de su sanción.

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Los convocados a esta audiencia son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

La Sección de Reconocimiento de Verdad evaluó la correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas, los responsables y las propuestas de sanción, así como los aportes a la verdad y a la restauración presentados por los comparecientes. La audiencia de verificación no revisará lo ya evaluado en la etapa de correspondencia.

La JEP consideró que los aportes de verdad no se agotan en un solo momento o institución, por lo que el proceso dialógico explora relatos de verdad revelados en diversas etapas procesales, ante otros órganos de la JEP y ante distintas entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP o SIVJRNR).

Esto incluye la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

La audiencia también permitirá revisar la estructuración, viabilidad y pertinencia de los proyectos restaurativos a los que se vincularán los comparecientes, con el fin de que sean sostenibles y contribuyan a reparar los daños a las víctimas, comunidades y territorios.

Para asegurar esto, la JEP activó la participación de más de una docena de entidades estatales, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Justicia y del Interior, y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, entre otras.

Las líneas restaurativas contempladas incluyen memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas antipersonal, y recuperación del medio ambiente, la naturaleza y el territorio.

La Sección de Reconocimiento de Verdad podrá imponer cualquier otra medida restaurativa y reparadora que considere adecuada, siempre que esté orientada por los fines del sistema. Además, se revisarán las obligaciones del régimen de condicionalidad por parte de los comparecientes.

La información recabada por la magistratura, a través de órganos como la UBPD, la Unidad para las Víctimas y el Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, buscará garantizar que las sanciones sean fundamentadas, sostenibles y respondan a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la restauración.

Una vez que se agote esta etapa del juicio dialógico, el siguiente paso será la emisión de la sentencia por parte del Tribunal para la Paz.

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