Por: Cristian Rojas González

Jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

El pasado 2 de noviembre se cumplieron 30 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador y varias veces candidato presidencial, quien fue atacado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Para entonces se desempeñaba como profesor y era una de las voces más críticas del gobierno de Ernesto Samper.

El 7 de junio de este año, también en Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un sicario. Falleció el 11 de agosto, tras una ardua lucha de los médicos de la Fundación Santa Fe por salvarle la vida. Como Gómez, Uribe Turbay fue candidato presidencial y se destacaba como líder opositor.

En los últimos 30 años, Colombia ha vivido transformaciones profundas: mejoró sus indicadores de acceso a la salud y alfabetización, y redujo de manera significativa la tasa de homicidios. Sin embargo, la posibilidad de hacer política sigue amenazada por las balas financiadas con dinero del narcotráfico, porque si algo vuelve a ser igual tres décadas después, es que el país ocupa el primer lugar en producción de cocaína, alcanzando cada año nuevos récords.

Asimismo hoy, igual que en tiempos de Samper, tenemos un presidente sin visa. Todo esto alimenta la percepción de un retorno a épocas turbulentas: grupos armados que controlan territorio, financiados por el tráfico de drogas e infiltrados en instituciones del Estado; una relación deteriorada con Estados Unidos; y un Consejo Nacional Electoral sancionando la campaña presidencial.

Pero en este complejo panorama, no cabe duda de que lo más grave de 2025 ha sido la muerte de Miguel Uribe Turbay. No solo por tratarse de un padre y esposo de 39 años que aspiraba a la Presidencia, sino porque sus sicarios dispararon contra la democracia misma.

En la historia de los Turbay se repite la tragedia del asesinato y la orfandad: la madre de Miguel, Diana, fue asesinada por hombres de Pablo Escobar cuando él era apenas un niño, como hoy lo es su hijo Alejandro. Y así, una vez más, regresa el fantasma más persistente de nuestra historia: la violencia política.

La conmoción por su muerte agitó, además, la carrera presidencial. El Centro Democrático perdió a uno de sus precandidatos e inició un proceso lleno de tropiezos, en el que el padre de Miguel, Miguel Uribe Londoño, terminó ocupando su lugar en medio de tensiones internas que derivaron en su salida del partido. Entre tanto, por la derecha, las encuestas muestran el impulso de Abelardo de la Espriella desplazando a Vicky Dávila, mientras que el centro político acumula un número importante de “pequeños” candidatos al lado de Sergio Fajardo, quien vuelve a competir.

Las divisiones contrastan con la urgencia de unidad que expresa el antipetrismo para lograr un cambio de rumbo en 2026. El año termina con la oposición sin un camino claro: ni siquiera están definidas las consultas de marzo para escoger a quienes enfrentarán al oficialismo en primera vuelta, pero ya De la Espriella y Fajardo han anunciado que no participarán.

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En contraste, la izquierda del Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como candidato favorecido en los sondeos y su consulta en marzo incluiría a otros aspirantes como Roy Barreras. Hay, actualmente, un panorama más definido para el continuismo.

Pero la crisis de seguridad, evidenciada en la muerte de Miguel Uribe Turbay y en innumerables casos de violencia armada a lo largo y ancho del territorio colombiano, puede definir la elección. Ese crimen no quedará como un triste recuerdo de 2025, sino que estará presente en 2026 como un recordatorio de las medidas urgentes que requiere Colombia para superar la violencia política y, de paso, contrarrestar el auge de los grupos ilegales tras el fracaso de la llamada “paz total”.

Cualquier futuro presidente debería reconocer esa prioridad, pero es más probable que sea la oposición quien asuma esa bandera: el oficialismo —además de mostrarse acrítico— apuesta por un Cepeda presentado como el “arquitecto” de la fallida apuesta de Gustavo Petro por la vía de las negociaciones.

Dado ese peso que tiene ahora la seguridad, resulta previsible que el papel que desempeña Álvaro Uribe Vélez en la configuración de alianzas electorales sea fundamental de cara al próximo año. Una vez más, Uribe se perfila como un “kingmaker”, un actor cuya influencia podría definir la sucesión.

En medio de la creciente preocupación por la arremetida de grupos criminales, Uribe es recordado como un gobernante que dejó buenos indicadores en esa materia. A ello se suma que Miguel Uribe Turbay, convertido en símbolo de la crisis, fue ungido en su momento por el expresidente para encabezar la lista de su partido al Senado, lo que le otorga al Centro Democrático un protagonismo particular en el clamor por enfrentar a las llamadas “disidencias” y a otros grupos al margen de la ley.

A esa imagen de referente en temas de orden público se añade que el clima político actual favorece a Uribe Vélez: tras la conmoción que ha generado Petro en distintos sectores —y en la opinión pública—, Uribe parece despertar hoy menos resistencia.

Las encuestas, incluida la más reciente de Invamer —que sacudió el escenario electoral de fin de año—, lo ubican en un nivel de favorabilidad superior al de años anteriores y con un grado de reconocimiento que permanece prácticamente inalterado.

Esa mejora en su imagen pública también se explica por su absolución en segunda instancia dentro del proceso impulsado por su rival —político y jurídico— Iván Cepeda, hoy igualmente protagonista de la contienda electoral. Este factor, además, posiciona a Uribe como el “anti-Cepeda” para aquellos votantes que buscan frenar al Pacto Histórico en las urnas.

En conclusión, la izquierda oficialista termina el año como favorita, respaldada por una base popular que sus rivales no deben subestimar, pero también por la turbulencia en la oposición que quizás solo se estabilice en marzo con las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas, y con Álvaro Uribe como jugador esencial en la configuración de acuerdos.

En ese escenario, la carga más pesada que debe soportar Cepeda es la del auge de la violencia mientras enfrenta a una derecha que puede recoger mejor esa preocupación. Por eso, el acontecimiento que marcó el 2025 -el asesinato de Miguel Uribe Turbay-, sumado a los hechos de violencia que padecen a diario innumerables colombianos anónimos, tendrá eco en 2026, cuando la seguridad será protagonista del debate.

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