La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 104 meses de prisión al exsenador Efraín Torrado García por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, al determinar que estructuró un entramado criminal que acaparó millonarios convenios de alimentación destinados a las personas más pobres de la capital, durante el llamado "carrusel de la contratación", mediante el pago de sobornos que se repartieron con la administración del entonces alcalde Samuel Moreno.
La Corte detalló que el excongresista, a través del autodenominado "grupo empresarial Torrado", controló y direccionó 15 contratos y convenios de la Secretaría de Integración Social (SDIS) entre los años 2009 y 2011, los cuales debían financiar la "canasta alimentaria" de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
El alto tribunal concluyó que "dada su formación profesional como abogado, su experiencia en cargos directivos de entidades privadas y su condición de congresista", el sentenciado tenía el mandato de obrar rectamente, pero "sin duda tenía plena conciencia de la antijuridicidad de su conducta".
Además de la pena privativa de la libertad, el magistrado ponente Ariel Augusto Rojas le impuso a Torrado el pago de $28.146 millones por concepto de indemnización a favor del Distrito de Bogotá, una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por 109 meses y 12 días.
La Sala aclaró que, debido a que el condenado tiene 77 años de edad, se le concedió el beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena en su domicilio, para lo cual ordenó el pago de una caución prendaria equivalente a un salario mínimo.
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Las voces que destaparon el soborno
Las declaraciones de ex funcionarios y contratistas resultaron el eje central para desmoronar la defensa de Torrado. El excontratista Héctor Julio Gómez relató en el juicio cómo el exsenador lo buscó para tender un puente con la entonces secretaria de la SDIS, Mercedes del Carmen Ríos, y precisó que "solamente del porcentaje pactado yo recibí la suma de 350.000.000 de pesos en efectivo, dinero que me fue entregado en el apartamento del senador ubicado en la calle 93 con novena".
Por su parte, el excontratista Emilio Tapia, quien llevó la contabilidad de las coimas exigidas para los hermanos Samuel e Iván Moreno, confirmó que las empresas del sentenciado pagaron comisiones del 6% del valor total de cada negocio y explicó que, bajo las directrices de los entonces mandatarios, "efectivamente se tomó la decisión de darle unos contratos a la familia Torrado".
La exsecretaria Mercedes del Carmen Ríos aceptó su participación en la entrega a dedo de los convenios e indicó que el exsenador Iván Moreno la citó en una residencia del barrio Teusaquillo para exigirle que favoreciera a las empresas del acusado, ordenándole literalmente que "listo china, ahí hay unos amigos míos, ayúdales".
La Corte concluyó que los recursos públicos fueron utilizados como un botín, vulnerando radicalmente los principios de la selección objetiva, para enriquecer a particulares y favorecer los intereses políticos y burocráticos de la familia del sentenciado en la ciudad.
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