Con la decisión de la Corte Constitucional se enreda una de las pocas investigaciones que alcanzaron a avanzar para aclarar las cuentas de la campaña Petro presidente. La sentencia del alto tribunal no solo sacó al Consejo Nacional Electoral (CNE) del camino judicial contra el jefe de Estado, sino que trasladó la parte del expediente que corresponde al mandatario al Congreso, una instancia que, según organizaciones como Dejusticia, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, ha demostrado una baja efectividad sancionatoria, pues en más de tres décadas de funcionamiento no ha producido decisiones de fondo contra presidentes en ejercicio.

Se trataba de un expediente sustanciado por el CNE, que ya había formulado cargos por violaciones a los topes de financiación, omisiones en los informes de gastos y aportes de fuentes presuntamente prohibidas. Aunque ese proceso parecía encaminarse a una sanción formal, la Corte concluyó que el candidato hoy convertido en jefe de Estado solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

El expediente que iba más lejos

Durante más de un año, el CNE llevó la investigación administrativa más robusta contra la campaña de Gustavo Petro. La indagación se inició tras una revisión detallada de los informes de ingresos y gastos de la coalición Pacto Histórico, con especial foco en los comités financieros que respaldaron al entonces candidato en las tres etapas electorales: consulta interpartidista, primera y segunda vuelta presidencial.

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En octubre de 2024, el CNE formuló cargos por presuntas violaciones al régimen de financiación electoral. La auditoría evidenció que la campaña omitió gastos superiores a los $5.300 millones, superó los topes establecidos por ley y recibió aportes de fuentes no autorizadas. En particular, llamó la atención la participación financiera de Fecode y de la USO, cuyos aportes habrían sido canalizados sin claridad ni trazabilidad a través de partidos de la coalición.

El expediente incluía a Gustavo Petro como candidato; a su gerente de campaña, Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol); a la tesorera Lucy Mogollón; a los auditores contables María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Entre las pruebas figuraban giros bancarios, contratos de publicidad omitidos, facturas por transporte aéreo, pagos a testigos sin registro oficial y eventos de campaña financiados fuera de contabilidad.

La formulación de cargos representaba un paso excepcional, pues desde la elección de Juan Manuel Santos en 2010 ningún presidente electo había enfrentado una acción formal de esta naturaleza en el CNE. En esa ocasión, se abrió una indagación por presunto exceso en los topes de campaña, pero no incluyó directamente al candidato como sujeto procesal, sino a su gerente, Roberto Prieto, en hechos que derivaron en el escándalo Odebrecht.

Sin embargo, en la etapa decisiva, el proceso se frenó. Primero por la licencia médica de la magistrada ponente Alba Lucía Velásquez, y por recusaciones contra otros magistrados que dejaron sin quórum a la Sala Plena para votar el fallo. El expediente quedó sin ponencia y sin posibilidad de decisión, cuando se conoció que la Corte Constitucional había suspendido provisionalmente la actuación del CNE, mediante el auto 554 del 24 de abril de 2025, mientras resolvía la tutela que había interpuesto el presidente Petro para reclamar su fuero constitucional.

El giro jurisdiccional

El 26 de junio, la Corte Constitucional con la sentencia SU275 resolvió la tutela presentada por el presidente Petro, quien alegó vulneración de su derecho al debido proceso y pidió que se definiera con claridad qué órgano debía investigarlo por hechos relacionados con su campaña.

La Corte concluyó que el CNE no podía imponerle sanciones, ya que se trataba de una autoridad administrativa y no judicial. Por tanto, revocó la decisión del Consejo de Estado que había resuelto un conflicto de competencias en favor del CNE, y ordenó que el expediente fuera remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por ser la única instancia constitucional con facultades para investigar al presidente por actos cometidos antes de su posesión.

La decisión fue adoptada por mayoría, con salvamento de voto de cuatro magistrados, entre ellos Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. 

Fiscalía: Indagaciones sin imputados

En paralelo, la Fiscalía lleva seis líneas de investigación abiertas, según lo confirmó la entidad en mayo. Todas están en fase preliminar. La primera indagación se centra en la vicepresidenta Francia Márquez y en la legalidad de los recursos usados para su campaña dentro de la consulta interpartidista. Aunque Márquez no ha sido llamada a declarar, la Fiscalía solicitó información contable al CNE y al partido que avaló su candidatura.

La segunda línea investiga al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presuntas gestiones logísticas y gastos omitidos. La tercera indagación es quizá la más mediática: la que surgió a partir de los audios del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró haber conseguido “$15.000 millones  de la Costa” para la campaña. Aunque Benedetti no ratificó esas afirmaciones  ni aportó pruebas, la Fiscalía considera que esas declaraciones abren la posibilidad de un delito electoral.

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La Fiscalía investiga los aportes de Fecode y la USO en dos procesos distintos, en los que se analiza si incurrieron en violación a las normas de financiación política.

La sexta línea de investigación se concentra en Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente. Este caso tomó relevancia desde marzo de 2023, cuando la Fiscalía confirmó que lo investigaba por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras la denuncia de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien aseguró que él había recibido dinero de empresarios y exnarcotraficantes del Caribe.

En julio de 2023, Nicolás Petro fue capturado y, durante su primera audiencia, admitió haber recibido grandes sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro y Gabriel Hilsaca, hijo del contratista Álvaro ‘el Turco’ Hilsaca, vinculado a investigaciones por parapolítica y corrupción.

El caso quedó en manos de un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tras las audiencias preliminares formalizó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro accedió a un principio de colaboración, que luego fue cuestionado por la Fiscalía tras advertir contradicciones en sus versiones. 

Control disciplinario paralelo

Aunque no tiene competencia para investigar penalmente al presidente de la República ni para sancionar a particulares, la Procuraduría sí ha desplegado acciones disciplinarias clave en relación con la financiación de la campaña Petro Presidente, enfocándose en funcionarios vinculados a ese proceso o en casos donde la información puede ser relevante para otras instancias judiciales o administrativas.

Desde agosto de 2023, la entonces procuradora Margarita Cabello Blanco constituyó una agencia especial dentro de la entidad, con el objetivo de intervenir en el proceso que ya cursaba en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esa agencia fue designada para hacer seguimiento y actuar como tercero interviniente, con facultades para presentar pruebas, vigilar garantías procesales y emitir conceptos frente al expediente que involucraba al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña.

Posteriormente, en diciembre de 2023, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Ricardo Roa. La apertura de la investigación se fundamentó en denuncias que señalaban omisiones en los reportes de ingresos y gastos, la posible utilización de recursos no bancarizados y el ocultamiento de apoyos logísticos y financieros por parte de sindicatos y otros terceros. Según el Ministerio Público, la indagación busca establecer si Roa incurrió en faltas como servidor público al momento de gestionar y reportar la financiación de la campaña presidencial, y si ese comportamiento tuvo impacto disciplinable.

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Uno de los documentos más contundentes fue emitido por una delegada de la Procuraduría en mayo de 2025. En un concepto enviado al CNE, concluyó que la campaña Petro Presidente violó los topes de gasto en la primera vuelta presidencial de 2022 y omitió reportes obligatorios en la segunda vuelta.

Según el análisis, se identificaron pagos no reportados por al menos $3.300 millones y se advirtió que hubo una estrategia sistemática para presentar ante el CNE una contabilidad incompleta.

Además, la Procuraduría abrió una investigación contra Nicolás Petro en marzo de 2023, en su condición de diputado del Atlántico, tras las declaraciones de su exesposa Daysuris Vásquez y la apertura del proceso penal en su contra. El Ministerio Público investiga si el hijo del presidente incurrió en faltas disciplinarias al haber recibido recursos presuntamente destinados a la campaña de su padre, en circunstancias que comprometerían los principios de moralidad pública y transparencia electoral.

A casi tres años de la elección presidencial de 2022, ninguna autoridad ha tomado una decisión definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de los dineros que financiaron la campaña de Gustavo Petro. Mientras el CNE quedó inhabilitado para sancionar al presidente, la Fiscalía mantiene abiertas seis investigaciones sin imputaciones formales, y la Cámara de Representantes acumula dos procesos sin avance real.

Comisión de Acusaciones, la más lenta

Desde mediados de 2023, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un expediente contra el presidente Petro,  motivada  por la divulgación de los audios del exembajador Benedetti, en los que este hacía referencia a presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial. Posteriormente, en 2024, esa investigación se amplió con las declaraciones entregadas por Nicolás Petro en el marco de su proceso penal, y ahora, con la sentencia SU275 de 2025,  recibió formalmente el expediente que el CNE venía construyendo desde 2023.

Ese traslado implica la llegada de más de 3.000 folios, que incluyen informes técnicos sobre topes electorales, declaraciones juradas, movimientos bancarios, contratos, giros de sindicatos y hallazgos preliminares sobre la omisión de gastos y la canalización de recursos por fuera de la contabilidad oficial de campaña.

Sin embargo, la recepción de ese expediente no implica un nuevo impulso inmediato. El proceso entra a una etapa de acumulación y análisis, aún sin decisión sobre si se abrirá una investigación formal ni si se integrarán los tres frentes activos: caso audios Benedetti, caso Nicolás Petro y caso CNE.

La Comisión ha enfrentado obstáculos procedimentales que han ralentizado su actividad. Durante 2024, por lo menos cinco recusaciones fueron presentadas contra representantes investigadores, lo que llevó a suspensiones temporales y a la redistribución de casos. Estas recusaciones —que alegaban pérdida de imparcialidad o supuestos conflictos de interés— fueron resueltas por la Mesa Directiva, pero generaron retrasos de hasta tres meses en el trámite regular.

A pesar de las dificultades, la Comisión ha realizado al menos 24 diligencias probatorias, incluidas inspecciones judiciales a partidos de la coalición Pacto Histórico, solicitudes de información contable a sindicatos como Fecode y la USO, y la toma de testimonios a personajes clave como Ricardo Roa; Roy Barreras, exjefe del Pacto; dirigentes de Colombia Humana y de la Unión Patriótica; así como contadores, asesores financieros y contratistas.

Sin embargo, esas actuaciones no han derivado aún en decisiones procesales de fondo. La Comisión no ha definido si existen méritos jurídicos suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente Petro, ni si solicitará pruebas adicionales o la comparecencia del mandatario.

didom@colprensa.com

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