Más de mil familias desplazadas en la última semana y más de 68.000 personas forzadas a abandonar sus hogares desde enero tienen en máxima alerta a Ocaña, Cúcuta, el área metropolitana y toda la subregión del Catatumbo. La crisis humanitaria llevó a organizaciones sociales, parlamentarios y organismos internacionales a reunirse en una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, desarrollada en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, con el propósito de trazar una hoja de ruta para contener la emergencia, garantizar los derechos de la población civil y abrir canales efectivos de diálogo.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de senadores, representantes de la Cámara y delegados de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea y las embajadas de España y Suecia, se discutieron estrategias para permitir retornos seguros, habilitar corredores humanitarios, impulsar reubicaciones dignas y lograr una presencia institucional real en una región desbordada por la violencia de grupos armados.
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Al cierre de la jornada, se firmó una carta abierta dirigida al Eln, a las disidencias de las Farc, al Gobierno Nacional y a organismos internacionales, instándolos a adoptar los mínimos humanitarios y a respetar a la población civil, ajena al conflicto, como base para un proceso de reconciliación y convivencia.
En busca de los mínimos humanitarios
Uno de los voceros más enérgicos fue Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien reclamó con vehemencia el respeto a los mínimos humanitarios por parte de los grupos enfrentados. Pidió avanzar en una agenda común de paz y reactivar los mecanismos de protección para las comunidades, que a diario enfrentan el riesgo de morir o ser desplazadas.
“No es un invento salido de los cabellos; es una declaración pública donde se respete el diálogo epistolar y se llegue a consensos”, señaló Quintero, aludiendo a la necesidad urgente de establecer escenarios de concertación que conduzcan a la paz territorial.
El líder campesino también destacó el trabajo de la comisión humanitaria ‘Abracemos al Catatumbo’, que ha adelantado acciones en favor de las comunidades afectadas. “Todo debe girar en torno al respeto de los derechos fundamentales de la gente”, recalcó, subrayando la necesidad de tratar temas estructurales como la seguridad alimentaria y los cultivos de uso ilícito.
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Por su parte, Lina Mejía, vocera de las mujeres, presentó propuestas orientadas a la protección de los derechos de campesinas y campesinos, especialmente los más vulnerables ante los artefactos explosivos, las minas antipersonales y el reclutamiento forzado de menores, una práctica que continúa desangrando a las familias del Catatumbo.
Voces truenan en el Catatumbo
Más de 300 personas asistieron al evento en Ocaña, donde se expuso la estrategia de mínimos, alivios y acciones humanitarias para la región. La gravedad del conflicto armado, que se intensificó desde el pasado 16 de enero, ha dejado un saldo de más de 100 muertos y desaparecidos, 68.400 desplazados, 52 heridos, 11.000 personas confinadas y 800 en refugios temporales.
El liderazgo de la iniciativa ha estado a cargo de ‘Vivamos Humanos’ y diversas organizaciones sociales, entre ellas Ascamcat, el Movimiento de Comunidades Populares (MCP), autoridades del pueblo Barí, mujeres, firmantes de paz, y miembros de la Mesa Humanitaria del Catatumbo.
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El respaldo de senadores como Sandra Ramírez y de representantes a la Cámara como Jorge Cala y Diógenes Quintero Amaya, así como de la comunidad internacional, ha sido clave para visibilizar la magnitud del drama humanitario que atraviesa la región.
La hoja de ruta desde El Tarra
La estrategia presentada en Ocaña es la continuación de la hoja de ruta acordada en El Tarra el pasado 4 de febrero durante una sesión humanitaria conjunta. Esta ruta busca enfrentar las secuelas de los combates en al menos ocho municipios de la subregión: El Tarra, Sardinata, Tibú, San Calixto, Hacarí, Teorama, Convención y El Carmen.
“Este es un espacio decisivo para articular esfuerzos entre comunidades, el Gobierno y la cooperación internacional”, sostuvo Juan Carlos Quintero. Recalcó que la propuesta incluye corredores humanitarios, retornos seguros y una presencia estatal real, pilares esenciales para dar respuesta a la emergencia.
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De igual manera, destacó la importancia del próximo encuentro del 18 de julio en Cúcuta, donde se espera avanzar en una interlocución abierta desde el enfoque territorial, apostándole al cese del fuego y al diálogo como herramientas fundamentales para la paz.
Efectos de la insensatez
La demora en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana fue señalada por varios participantes como uno de los factores que agravó la situación actual, permitiendo el fortalecimiento de nuevas estructuras armadas en el territorio.
“Se necesita con urgencia alivios humanitarios en un pueblo ultrajado por la espiral de violencia”, manifestó la senadora Sandra Ramírez, quien hizo un llamado a dejar de lado las lamentaciones y comprometerse activamente con la construcción de paz. Afirmó que el papel de la Comisión de Derechos Humanos es vital para orientar y ejecutar estrategias de protección.
En ese mismo sentido se pronunció Diógenes Quintero Amaya, representante de las curules de paz por el Catatumbo, al destacar la fuerza organizativa de las comunidades, que a pesar de las adversidades, resisten con esperanza y determinación.
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“El primer paso es sacar a la población civil del conflicto”, insistió Quintero, al tiempo que instó a los grupos armados y a las fuerzas estatales a respetar los mínimos humanitarios.
Llamado al diálogo
Como cierre del encuentro, se firmó una carta abierta dirigida a los actores armados, al Gobierno Nacional y a los organismos internacionales de derechos humanos, en la que se reitera el llamado a abrir canales de diálogo como única salida posible a la crisis del Catatumbo.
En el documento, las organizaciones exigieron que se adopten mecanismos de protección real a la población civil, que se garanticen los mínimos alivios humanitarios y que, bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional, se establezcan reglas claras para el respeto a la vida, la dignidad y la transformación social de la región.
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Las voces que se alzaron en Ocaña no solo reflejan el dolor de una comunidad golpeada por el conflicto, sino también la firme voluntad de no claudicar en la lucha por la paz, la justicia y la dignidad de los pueblos del Catatumbo.
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