La escalada de secuestros en la provincia de Ocaña, el Catatumbo y el sur del Cesar llevó a gremios, autoridades y organizaciones sociales a exigir medidas urgentes al Gobierno y a la Fuerza Pública.
La convocatoria a una marcha por la libertad, la vida y la reconciliación, prevista para el próximo lunes, busca visibilizar una situación que —según líderes locales— ha deteriorado la seguridad y la actividad económica en la región.
El hecho más reciente es el secuestro del comerciante José Saíd Pérez Osorio, de 75 años, ocurrido el martes en la vía que conecta a Ocaña con Aguachica. Sus familiares pidieron su liberación inmediata, al advertir que el adulto mayor tiene problemas de salud y requiere medicación permanente.
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Para distintos sectores, este caso refleja un patrón que se ha intensificado en los últimos meses. El exrepresentante a la Cámara Iván Cabrales Angarita, quien también fue víctima de secuestro, señaló que el delito afecta no solo a las familias, sino al entorno productivo. “Se requiere reforzar la seguridad en los ejes viales donde operan estas estructuras, que exigen dinero y, en algunos casos, terminan con la vida de las víctimas”, afirmó.
Piden reforzar la inteligencia
Cabrales insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia y revisar los esquemas de protección para desarticular las bandas responsables.
La problemática no es nueva. En la región persisten casos sin resolver desde hace décadas, junto con otros más recientes. Entre ellos, el del abogado Sanín Antonio Mena Pérez, de 88 años, secuestrado en 2023, y el de Jorge Trigos, de 78, retenido hace dos meses en Ocaña. A la lista se suman el comerciante Isidro Arias Garzón, desaparecido hace 20 años; el avicultor Evangelista Bohórquez Contreras, secuestrado en 2020; y, más recientemente, el maestro Jesús Emiro Vergel y los hermanos Nadín y Jhon Ortiz.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, rechazó los hechos y anunció gestiones ante el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para reforzar la presencia institucional. También convocó a la ciudadanía a una jornada de movilización y al cierre simbólico del comercio durante una hora.
El mandatario advirtió que el corredor Ocaña–Aguachica concentra varios delitos, entre ellos homicidios, robos, extorsiones y secuestros, sin resultados contundentes en materia de judicialización. Por ello, pidió fortalecer las capacidades de inteligencia y prevención.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Ocaña, Fabio Rincón Ortiz, señaló que la situación está afectando la confianza de los inversionistas y la dinámica económica. “El secuestro de empresarios y productores genera incertidumbre y frena el desarrollo de la región”, indicó.
La Diócesis de Ocaña también se pronunció. El obispo Orlando Olave Villanoba rechazó los hechos de violencia y llamó a proteger la vida y la libertad. Asimismo, pidió a los actores armados reconsiderar sus acciones y al Gobierno nacional asumir medidas para garantizar los derechos de la población.
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La marcha convocada para el lunes reunirá a gremios, autoridades y ciudadanía en un llamado conjunto para exigir seguridad y el fin de los secuestros en la región.
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