La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma que prohíbe completamente el uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. La medida, derivada de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla también penas de cárcel de hasta ocho años para quienes comercialicen estos dispositivos.
Reforma constitucional con sanciones penales severas
Con 324 votos a favor y 129 en contra, el pleno avaló la modificación a la Ley General de Salud que establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas económicas que van desde 100 hasta 2.000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a montos entre 11.314 y 226.280 pesos mexicanos (aproximadamente entre 621 y 12.430 dólares).
La reforma prohíbe en todo el territorio nacional actividades como:
- Adquisición
- Producción y fabricación
- Transporte con fines comerciales
- Almacenamiento
- Importación y exportación
- Distribución
- Venta y suministro
Además, se restringen todos los actos de publicidad o propaganda vinculados a estos dispositivos.
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La normativa define los vapeadores y cigarrillos electrónicos como aparatos mecánicos o electrónicos que calientan, vaporizan o atomizan sustancias tóxicas —con o sin nicotina— susceptibles de ser inhaladas.
El vapeo, declarado una “amenaza a la salud pública”
El dictamen reconoce al vapeo como un riesgo sanitario, permitiendo al Estado desarrollar políticas públicas para reducir la dependencia, proteger a poblaciones vulnerables y reforzar el principio de precaución en la gestión de riesgos.
La reforma también amplía las funciones de la Secretaría de Salud en temas como:
- Planeación de infraestructura
- Abastecimiento de medicamentos
- Coordinación del Sistema Nacional de Salud
Críticas de la oposición y debate sobre el mercado ilegal
Durante el debate parlamentario, varios legisladores de la oposición cuestionaron la medida, señalando que la prohibición absoluta podría fortalecer el mercado negro y abrir oportunidades al crimen organizado.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el oficialismo “le está entregando el negocio a los narcos” y afirmó que muchos legisladores del partido gobernante consumen vapeadores. “No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos”, dijo.
Organizaciones civiles y especialistas ya habían advertido, en el marco del Día Mundial del Vapeo celebrado en mayo, del rápido crecimiento del mercado ilegal debido a la ausencia de regulación y a políticas punitivas.
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