El sueño americano dejó de ser tan anhelado. La dura travesía desde Venezuela hasta los Estados Unidos, cruzando al menos siete países, ahora les toca hacerla nuevamente, pero de regreso. La migración inversa, como es calificada por los expertos en el tema, para las personas venezolanas es hoy un nuevo drama dentro de uno de los fenómenos de movilidad humana más grande del mundo.
La travesía del tapón del Darién, de la selva de concreto –como califican el recorrido por México los migrantes- y de los caminos en Costa Rica, Guatemala y Panamá se repite.
No solo el recrudecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. obligó a los venezolanos a regresarse.
El panorama para la población venezolana en condición de movilidad no termina ahí y no pinta nada fácil.
La toma de posesión -en enero- de Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela, tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024 da continuidad a la precarización de las condiciones socio-económicas en este país; la criminalización de la migración venezolana, no solo en los Estados Unidos, sino en muchas regiones de los países de la América Central y de Sur América; los vuelos de deportaciones masivas desde Norteamérica y otras regiones; el congelamiento de políticas de regularización para venezolanos en la regiones del sur del continente; y la paralización de los fondos de la cooperación internacional. Estas son algunas de las aristas y trabas que encuentran estas poblaciones.
Ahora, ¿cuál es el destino de regreso? Colombia, Venezuela, o a un tercer país alternativo, que para muchos incluso llega a ser hasta el cuarto país pisado y vivido. Es un panorama de mucha incertidumbre.
Según el Informe de flujos migratorios inversos: retos y acciones frente a una nueva dinámica migratoria, publicado por Migración Colombia, existen dos modalidades de estos flujos migratorios inversos: “los flujos que llegan por terminales aéreos, y por otro lado, los que vienen vía marítima en flujo irregular inverso a través de la frontera colombo-panameña, arribando al corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, departamento del Chocó”.
Siendo la primera modalidad la menos empleada, debido a las condiciones económicas y de vulnerabilidad con la cual regresan estas poblaciones.
“En los últimos días se ha evidenciado un flujo inverso de migrantes de la República Bolivariana de Venezuela a través de los aeropuertos internacionales, procedentes de Centroamérica y México, lo que implica un reto para la gestión migratoria en el marco de la normatividad vigente”, indica el documento del órgano nacional.
Migración Colombia en el informe mira con preocupación la situación de regularización de estas poblaciones, si deciden quedarse en el país. Sobre esto precisa que están identificando dos situaciones: “el caso de migrantes venezolanas(os), titulares de Permiso por Protección Temporal (PPT), que salieron de manera irregular del territorio colombiano omitiendo el control migratorio”.
Y segundo, “el caso de migrantes venezolanas(os) que no cuentan con Permiso por Protección Temporal (PPT), y que salieron de manera irregular del territorio colombiano omitiendo el control migratorio, y en ocasiones no cuentan con documentos de viaje válidos o no cumplen con todos los requisitos de ingreso”.
Ambas situaciones son una preocupación para la autoridad migratoria, sobre todo tomando en cuenta aquellos que decidirán quedarse en el país, bien sea momentáneamente para partir para otra nación o para residenciarse de forma definitiva.
Al hacer referencia a los datos numéricos de entradas y salidas que evidencian este movimiento migratorio, el documento indica lo siguiente: en enero y febrero de 2025 se incrementaron los flujos migratorios de venezolanos en 41% frente al mismo periodo de 2024, lo que pone en evidencia esta dinámica migratoria emergente.
Durante este año, se observa una intensificación de ese movimiento migratorio. En el caso del flujo desde y hacia México se evidencia un incremento del 71% frente a 2024.
Por su parte, desde Panamá y Costa Rica estos flujos migratorios crecieron en 110% y 81% respectivamente, en contraste con los registros de 2024.
En cuanto a los flujos migratorios desde y hacia destinos de Norte y Centroamérica diferentes a México, Panamá y Costa Rica, resalta un incremento del 62% frente al año pasado.
Sobre esta situación, William Gómez, el especialista venezolano en tema de frontera, explicó que las decisiones en política migratoria del presidente Donald Trump -como la eliminación del parole humanitario, la aplicación CBP One y el TPS- provocaron que muchos migrantes quedaran estancados principalmente en la frontera mexicana, al sur de los EE.UU.
“Estas personas no lograron cruzar, no lograron llegar a tiempo, es decir, antes del 20 de enero, fecha en la que tomó la presidencia Donald Trump, y se quedaron estancados en México, muchos esperando la cita (del CBP One), otros que estaban recién llegando”, señaló el especialista venezolano.
Gómez sostuvo que en México y en los países centroamericanos, estos últimos en menor cantidad, hay entre 230.000 y 250.000 venezolanos esperando qué hacer. “Obviamente, muchos tienen dificultades porque se fueron sin recursos económicos, y no les queda de otra, ya que no tienen más opción que regresarse al país, incluso, por la misma ruta de retorno vía terrestre, es decir, por Centroamérica hasta Panamá”.
Sobre la ruta final de esta migración inversa explica que algunos venezolanos están retornado a Venezuela, pero con planes de analizar otras opciones de movilidad; mientras que otros en definitiva se han valido de las redes de apoyo de familiares que ya están en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Zonas de frontera
El escenario para una zona fronteriza como Norte de Santander no es tan difícil por las situaciones que arrastra la migración inversa. Los expertos sostienen que el departamento, a través de sus puentes binacionales, es básicamente empleado más como espacio de tránsito.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que esta frontera sigue teniendo unos flujos migratorios mucho más tradicionales, “asentados en la conformación de la nacionalidad de los dos países, que hacen que sea muy dinámica. De hecho, es la frontera más dinámica de Sudamérica y las dinámicas de la migración inversa no se sienten tan fuertes (en Norte de Santander), se siente más, por ejemplo, en la frontera con Panamá, pero también en la frontera con Ecuador. Particularmente, por la ruptura que han tenido los procesos de integración en Perú; por la xenofobia, en Ecuador, por los temas de seguridad y el reclutamiento forzoso; y en Chile por el cambio de normativa migratoria”.
Rodríguez refiere que efectivamente hay ciudadanos en condición de movilidad, de nacionalidad venezolana, en todo el país, porque han visto roto sus procesos en los estados inicialmente de acogida y “están llegando nuevamente a Colombia, algunos con intención de ir a Venezuela, pero no porque deseen arraigarse en Venezuela, sino que incluso esta dinámica de movilidad es una excusa también para poder ir a visitar a sus seres queridos”.
El Chocó con toda la carga
Sin embargo, departamentos como el Chocó si están recibiendo toda la carga de esta migración inversa. Explica el investigador que si bien la ruta de salida se hacía más por la costa Caribe, por la parte del Urabá antioqueño, ahora el retorno lo están haciendo más por el Pacífico.
“Algunas de estas poblaciones que demográficamente son pequeñas tiene un impacto real. Pero, también surge el fenómeno de las economías conectadas con el tema migratorio, como las redes de trata y tráfico (de migrantes) que aprovechan estas dinámicas para beneficiarse y hacer presencia en estos territorios y ante la ausencia del Estado colombiano tienen un impacto bastante alto”, dice Rodríguez.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba explicó en el Foro ‘La Migración en Tránsito: problemas, retos y desafíos’ que en municipios como Juradó, Acandí, Bahía Solano y Unguía, a través de los cuales históricamente han transitado miles de migrantes, pasaron de recibir entre 40 y 50 a recibir ahora a unos 100 diariamente.
En estas regiones las autoridades tienen puesta la lupa en el problema, porque solo en 2025 más de 9.000 personas han regresado desde Centroamérica por el Golfo de Urabá hacia Colombia. Las nacionalidades de las personas que más retornan son venezolana, (73%) ecuatoriana (16%) y haitiana (6%).
Durante este encuentro con las entidades del orden nacional, Córdoba fue enfática en explicar que estos municipios no tienen capacidad de atención de este volumen de ciudadanos y pidió a la Cancillería de la República cuatro puntos esenciales: el primero, y para ella el más necesario a corto plazo, la entrega y coordinación de las ayudas humanitarias, que incluyen alimentación, atención médica, agua y transporte en territorios que solo están conectados por la vía marítima y aérea.
Según ella, esta situación se agrava debido a que la presencia de las organizaciones de cooperación internacional se ha reducido significativamente. Esto ha dejado en manos de los municipios responsabilidades frente a esta emergencia humanitaria que está impactando en recursos económicos significativamente.
La mandataria departamental insistió en que el fenómeno ha superado todas las previsiones presupuestales y operativas.
El segundo punto, preciso Córdoba es la necesidad de instalar una mesa de trabajo interinstitucional donde se convoquen a todas las entidades relacionadas con la temática, para coordinar y dar las respuestas a estas poblaciones.
Para la gobernadora, el tercer punto se trata de fortalecer la presencia de entidades en puntos críticos de estos municipios, sobre todo en temas relacionados con la niñez y las mujeres.
Y por último, trabajar en acciones diplomáticas que permitan concretar rutas de retorno seguras. “Es decir, que exista un punto de partida claro y de llegada, y por lo tanto estas poblaciones no tengan la necesidad de quedarse en puntos intermedios, donde no existe las capacidades de atención”, enfatizó.
Sobre este aspecto, Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, explicó que estos municipios no cuentan con estas capacidades, porque es muy difícil atender todos los días a 50 a 100 personas distintas, es decir, son demandas constantes.
“Cuando tú tienes solamente 50 personas, pues las metes dentro del sistema de atención del municipio, pero cuando son personas que cambian todo el tiempo, es más costoso porque nunca baja la demanda de recursos en atención humanitaria y particularmente de población vulnerable como niños, niñas, adolescentes y mujeres”.
¿Cómo están llegando a Venezuela?
Una vez estas personas vuelven a vivir la dura travesía, pero de forma inversa, y llegan a Venezuela se encuentran con un país que políticamente sigue igual y socialmente tampoco ha cambiado mucho.
El coordinador de la Red de Centros Sociales del Servicio de Jesuitas en Venezuela, Piero Trepiccione, explicó que si bien estas personas retornan con una situación económica precaria, tal vez no tan dura como cuando salieron.
“Siguen estando en niveles de precariedad, algunos de ellos han invertido en remodelación de sus casas familiares o en adquisición de viviendas”, dijo.
El experto sostuvo que no hay una estadística exacta en ese sentido, pero refirió que las condiciones económicas de Venezuela son muy distintas a las de 2016, 2017 y 2018.
“Sin embargo, siguen siendo precarias sobre todo las salariales, porque no es una opción comparativamente hablando con otros lugares de América Latina, EE.UU. y Europa, porque no es que sea algo competitivo”.
Defensoría del Pueblo levanta alertas
En seguimiento a la Alerta Temprana Binacional Colombia-Panamá 001 de 2023, la Defensoría del Pueblo hizo presencia en esta frontera, y allí se encontró que la migración inversa no solamente se está haciendo por Capurganá (Chocó), del lado mar Caribe, sino por el océano Pacífico.
Personas de todas las edades que vienen de Centroamérica, porque no pudieron llegar a Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes que se ofrecen a llevarlas en embarcaciones hasta Buenaventura (Valle del Cauca). Esta constituiría una nueva ruta de migración a la inversa, desde el corregimiento Jaqué de la provincia panameña del Darién.
Sin embargo, la Defensoría pudo comprobar que las y los migrantes son trasladados únicamente hasta el municipio de Juradó y Ciudad Mutis (esta última, cabecera municipal de Bahía Solano), en el departamento del Chocó.
También les trasladan desde el mismo punto hasta El Valle, otro corregimiento de Bahía Solano, donde no hay control migratorio. Esa amplia zona es más débil en presencia institucional, lo cual agrava la situación.
“Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares, además de que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, llegan sin permiso de ingreso y salida”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En el departamento del Chocó, personas migrantes se enfrentan a continuos riesgos, en particular porque hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y social. Igualmente, hay personas con discapacidad que tienen dificultades para moverse, y otras que no hablan español.
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