El reciente ataque a bala contra Juan Antonio Castro Carrillo, desmovilizado de las Farc, en Tibú, volvió a encender las alarmas de quienes se reincorporaron a la vida civil, después de los acuerdos de paz de este grupo ilegal con el Gobierno Nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

El hecho ocurrió la noche del domingo, en el barrio La Esperanza, de esta población del Catatumbo, cuando la víctima llegaba a su vivienda.

Según se conoció, Castro, al parecer, estuvo tomándose unas cervezas desde la tarde y cuando llegaba a su casa, dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon de manera indiscriminada, dejándolo herido.

Lea aquí: 'Jairito' pagará 18 años de cárcel por el crimen de una lideresa social en Ocaña

A través de una nota de voz, la víctima, que recibió dos impactos en el abdomen, pidió ayuda y les informó a sus familiares y amigos que le acababan de disparar.

El herido fue trasladado al hospital de Tibú y, ayer, fue evacuado en un helicóptero a la capital de Norte de Santander.

Un crimen previo

Según se pudo establecer, Castro Carrillo era amigo de Reude Suárez Guerrero, también excombatiente de las Farc, quien fue asesinado a balazos, a principios de septiembre, en Tibú.

En ese momento, dos hombres que ocultaban su rostro con pasamontaña, llegaron hasta su casa, ubicada en la carrera 5 con calle 4, del barrio Miraflores, en esta población del Catatumbo, y lo atacaron.

Aunque el desmovilizado quedó gravemente herido en su vivienda y fue trasladado de inmediato al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Precisamente, en la residencia, Suárez tenía una tienda, que creó a través de un proyecto productivo que recibió por parte del Gobierno Nacional. La víctima dejó dos hijos de 6 y 10 años, además de un hijastro de 4.

Conozca: Avioneta se salió de la pista de aterrizaje en Santa Marta y dejó un menor muerto

“Algo está pasando con ellos, porque son del mismo grupo de amigos. No se sabe quién está detrás de todo esto”, dijo un habitante de la zona.

El asesinato del excombatiente de las Farc se registró horas antes de que los integrantes de la Comisión Segunda del Senado, al igual que de las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos del Congreso, y la Mesa Humanitaria del Catatumbo instalaran en Tibú la audiencia pública, en la que se analizó la situación de la región y las propuestas que deberá priorizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, en favor de esta zona del departamento.

Además, la alerta temprana N° 050, de la Defensoría del Pueblo, de 2020, señaló el riesgo que corren los excombatientes en Tibú y por eso pidió unas acciones rápidas por parte del Estado.

“La AT N° 050 identifica a la población en proceso de reincorporación como una de las poblaciones que pueden ser víctimas de algún tipo de agresión o vulneración a sus derechos; por lo que dirige varias recomendaciones a las entidades con competencia en la garantía de derechos de estas personas y sus familias”, señaló la Defensoría en ese momento.

Asimismo, este despacho alertó, en ese momento, que los firmantes del proceso de paz que se acogían a los procesos productivos eran blancos de amenazas, al igual que sus familias, por los grupos armados ilegales que se financian a través del narcotráfico.

“Hacer parte del Pnis, pone en riesgo a las comunidades y a sus líderes, existen presiones por parte de grupos ilegales que se benefician de la economía del narcotráfico, por lo que amenazas a las familias, comunidades y líderes que se acogen a este tipo de programas”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion