El sesquicentenario del terremoto de Cúcuta no debería pasarse por alto, en cuanto a algunas determinaciones   técnicas y de planeación que requieren de una importante inversión, que no deberían de seguirse aplazando.

Fundamentalmente se trata de la elaboración del estudio de microsismicidad, que en este caso lleva aplazándose desde hace 20 años.
Los anteriores gobiernos municipales de turno determinaron dejar aquel examen especializado para otra oportunidad por considerarlo sí necesario pero no urgente.

Es entendible la urgencia de recursos financieros que tiene el municipio para la atención y superación de sus dificultades, aunque en este caso ya no deberían producirse más aplazamientos.

Aquí la gestión es fundamental ante los organismos nacionales con el propósito de lograr ese apoyo económico indispensable para que pueda efectuarse el diagnóstico sobre la microzonificación sísmica.

Este no es ni un gasto ni tampoco un capricho o un estudio más para dejarlo engavetado y olvidado, puesto que la idea de contar con esta clase de análisis científico y especializado es que se desprendan numerosas variables para la adopción de ajustes técnicos y la definición de medidas que ayuden a mitigar riesgos en casos de emergencias sísmicas en una ciudad como la nuestra.

Como se planteara en el trabajo periodístico de La Opinión sobre el desastres de 1875, publicado el 18 de  mayo,  ¿vive actualmente Cúcuta a ojos cerrados frente a la posibilidad de un evento telúrico como el ocurrido hace 150 años? Los expertos sostienen que sí.

Para este caso nos encontramos con el hecho de no atender debidamente lo reseñado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado según Acuerdo 022 de diciembre de 2019, en donde se contempla que la capital de Norte de Santander debe contar con un documento altamente técnico sobre las diferentes áreas vulnerables, los análisis sobre cómo los diferentes tipos de suelo pueden amplificar o modificar la intensidad de las vibraciones sísmicas  y otros cálculos y elementos que ayuden a entender la realidad para ajustar el desarrollo urbanístico de una ciudad ubicada en un sector de alta sismicidad.

Es indispensable plantear que el Servicio Geológico Colombiano con su equipo especializado entre a jugar un papel protagónico en la elaboración del estudio, teniendo presente que en su mapa de amenaza  sísmica nacional ubica a la ciudad en una zona de alto riesgo en ese aspecto, al tener su territorio tres fuentes sismogénicas como son las fallas geológicas de Boconó, Uribante Caparo y la falla frontal de la cordillera oriental.

Hay que vincular a la academia y buscar el apoyo de expertos internacionales para que se ponga en marcha ese examen altamente especializado  que incluso se encuentra especificado en la Ley 1400 de 1997,  que consigna el Código de Construcción Sismorresistente.

En dicha norma se especifica que las  capitales departamentales como Cúcuta, localizadas en zonas de amenaza telúrica intermedia o alta, deberán “armonizar los instrumentos de planificación del ordenamiento territorial con un estudio o estudios de microzonificación sísmica”.

Por lo tanto, con una historia catastrófica como la de aquel 18 de mayo de 1875 cuando a las 11:15 de la mañana un terremoto asoló a Cúcuta, 150 años después hay que escribir las páginas de la prevención y la utilización de la ciencia para que la microzonificación sísmica deje de ser una tarea pendiente.

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