Cuatro días cerrada la frontera. Afirmaciones de que habría un complot para atacar diversos puntos estratégicos dentro de Venezuela y detenciones por doquier, es el ambiente que se respira previo a las elecciones regionales en el vecino país, mañana.

Una de las descripciones que en parte mejor describe lo sucedido al otro lado del río Táchira es lo dicho por la dirigente opositora María Corina Machado: “terrorismo de Estado puro y duro”, en referencia a la captura de Juan Pablo Guanipa, quien también adversa al gobierno chavista.

No olvidemos que tanto ahora como en situaciones del pasado reciente, Colombia ha salido afectada como consecuencia de determinaciones unilaterales tomadas por régimen del presidente Nicolás Maduro.

Entre estas tenemos el cierre parcial del espacio aéreo hasta el 26 de mayo a los aviones comerciales colombianos de las empresas Avianca, Satena, Wingo y Latam, hasta el 26 de mayo, que cubren rutas hacia territorio venezolano.

La consideración expuesta  por el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, es que presuntamente se estaba intentando el traslado e ingreso de mercenarios con apariencia de turistas para ejecutar operaciones terroristas contra embajadas y otros objetivos de alta valía en suelo bolivariano.

Hasta el momento se desconoce el número, la identidad, las condiciones, los delitos que se les imputan y el lugar de detención en que se encuentran los colombianos que integran el grupo  de los 17 ciudadanos extranjeros mencionados por el ministro Cabello que fueron capturados por supuestamente hacer parte de esta trama criminal.

Le corresponde a la embajada colombiana en Venezuela estar atenta a la situación jurídica y de los connacionales y pedir porque se les respeten el debido proceso y los derechos humanos, precisando realmente qué fue lo que sucedió.

Dicho pasaje hace recordar el caso de abogado cucuteño Iván Colmenares García, detenido hace siete meses por las autoridades venezolanas que lo acusan de adelantar operaciones de espionaje.

Su historia se remonta al primero de noviembre del año pasado, cuando el jurista que trabaja en Arauca decidió cruzar por el vecino país en su ruta a Cúcuta, selló el pasaporte en el puente José Antonio Páez y se presentó en el Saime del Amparo, en el estado Apure, siendo arrestado y puesto a disposición del Servicio de Inteligencia Nacional, por sospechas de estar espiando.

Ahora que recientemente se supo de Colmenares García por un llamada telefónica una de sus familiares, al gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que interceder por él para que sea puesto en libertad.

Y si le sumamos a la sucesión de acontecimientos el hecho de que el prolongado cierre del paso por los puentes internacionales ocasiona un impacto negativo de diez millones de dólares al comercio binacional, el resultado es que Colombia no está recibiendo el mejor  trato de parte del gobierno venezolano.

Por una parte hay que rechazar la persecución contra los opositores y exigir respeto a la posibilidad de exponer las ideas políticas sin riesgo de ir a prisión, y al mismo tiempo se le tiene que reclamar a Maduro desde los canales diplomáticos, políticos y de comunidad, que ni los señalamientos ni las capturas con plenas fundamentaciones ni las medidas unilaterales e inconsultas pueden hacer parte de una relación fluida entre naciones hermanas.

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