Llegó mayo con un mal recuerdo para el departamento por la avalancha de El Tarrita, en Ábrego, que lo único visible que dejó en materia de soluciones fueron los dos puentes metálicos provisionales que instaló el Ejército para reabrir el paso por la vía Ocaña-Cúcuta.

El 31 de este mes se cumplen 24 meses desde que en esa zona de Norte de Santander fueron afectados 378.000 metros cuadrados al deslizarse sobre la carretera y zonas aledañas un total de 550.000 metros cúbicos de lodo, como lo precisara en su momento Juan José Oyuela, director nacional de Invías.

Y aunque técnicos de dicha entidad dimensionaran este desastre natural con la avalancha que destruyó Armero (Tolima), las soluciones siguen sin concretarse por múltiples razones.

Como aquel sector es cruzado por una falla geológica, desde un principio quedó planteado un nuevo trazado para evitar futuros hechos similares; ojalá el próximo 31 de mayo ese fuera el regalo del segundo aniversario.

Siendo este un trayecto de la vía hacia la costa Caribe, es indispensable que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acelere la definición del concepto favorable para que se lleven a cabo los trámites de licitación y financieros que permitan dar inicio a las obras.

Es que en ese lugar que también hace parte del Catatumbo la región no se puede quedar solamente con las dos estructuras que facilitaron la habilitación del paso de vehículos y tener  sobre ese eje el riesgo inminente de otra afectación similar a la ocurrida hace dos años.

Hacia finales de abril de 2024 Invías inició todas las fases para contratar los estudios y diseños para el corredor ubicado en la ruta Ocaña-Alto del Pozo entre los perímetros 47 al 53, derivados de la emergencia por la avalancha en Ábrego, pero ahora se conoció que desde diciembre del año pasado están pendientes y no han podido ser entregados porque les falta el concepto la calificación ambiental.

La engorrosa tramitomanía estatal debe de ser superada en este tipo de casos y tener una especie de semáforo para que las etapas en planes tan sensibles se agilicen con la asignación de equipos especiales, al tener presente los riesgos actuales y la necesidad de contar con una mejor conectividad vial.

Lamentablemente la situación sigue siendo igual o más complicada para las 140 familias de la región que todo lo perdieron, al quedar sus viviendas, escuelas, negocios y parcelas cubiertas por el barro que todo lo arrasó, pero sobre el cual muchos están pensando volver a construir su vida porque las acciones del Estado no se han materializado.

El llamado es a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para que le dé prioridad a

El Tarrita y sus damnificados, poniéndole fin a la falta de continuidad de los trámites, como lo ha denunciado la comunidad.

Tiene toda la razón el personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez, cuando considera que “el proceso es paquidérmico” porque aunque se han inspeccionado algunas fincas para el procedimiento de reasentar a la población todo se quedó con las víctimas a la deriva.

Hay que conminar al Gobierno nacional a que dé a conocer las asignaciones presupuestales para los diferentes proyectos previstos en El Tarrita y que los ministerios e instituciones encargados le den carácter urgente para sacar adelante los asuntos pendientes y así evitar que

El Tarrita se vaya a convertir en una crónica de la ineficiencia e ineficacia gubernamental, en la cual ellos serán siempre recordados.

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