Cuatro meses de una de las más grandes crisis humanitarias y de  recrudecimiento extremo del conflicto armado en Norte de Santander se cumplieron en el Catatumbo, que dejan imborrables huellas.

Esa guerra desatada entre la guerrilla del Eln y el frente 33 de la disidencia de las Farc pone a tres municipios de esa subregión entre los más violentos del departamento al multiplicarse exponencialmente los homicidios, como consecuencia directa de los enfrentamientos e incursiones armadas.

Tibú (72), Teorama (22) y El Tarra (14) son los datos sobre los crímenes ocurridos en esas localidades desde mediados de enero de 2025 y consolidados por el PMU departamental.

Es muy grave lo que está ocurriendo a en todas las  localidades catatumberas golpeadas por esta lucha armada en que los grupos ilegales que intentan apoderarse del control del territorio cultivos con 42.000 hectáreas de hoja de coca. Los muertos de este sangriento episodio ya ascienden a 127, oficialmente, aunque el subregistro hace temer que sean muchos más.

La sucesión de acontecimientos nos señalan que las marcas indelebles de este doloroso episodio no serán tan fáciles de borrar puesto que también se tiene el capítulo de los 66.353 desplazados que por sí solos ya desbordan cualquier otro hecho de   desarraigo forzado en Colombia, desde cuando se comenzaron a tener estadísticas.

Y la fatalidad provocada por este fragor guerrerista se ha ensañado también con los niños y adolescentes, señalándose por parte de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos el reclutamiento forzado de unos 36 menores aunque otras fuentes citadas por esa entidad elevan a más de 70 el número de niños obligados a empuñar las armas en el Catatumbo, en lo corrido de 2025.

Es una catástrofe en la que se reclama la aplicación de pronta justicia para capturar y condenar a los autores de estas atrocidades que no cesan y cada día son peores.

Un hostigamiento de tal magnitud, en el que ahora ya no solamente se utilizan las minas antipersonal sino los drones cargados de explosivos que amenazan y afectan por igual a militares y civiles indefensos, son prácticamente acciones de carácter terrorista.

El ambiente hostil ha llegado a tal degradación en estos 120 días de conflictividad desbordada, que la población inerme es la que ha puesto el mayor número de muertos con 113 hasta el momento, hecho que debe obligar a llevar a los responsables ante los tribunales.

Los firmantes de paz con seis asesinados, los líderes sociales con tres, los menores de edad con cinco y la Fuerza Pública con al menos doce muertos, integran este desolador cuadro de una guerra sin final y que cada día escala más.
Sembrar muerte y destrucción no es la salida. Las economías ilegales tienen que ser erradicadas para que no continúen siendo el combustible que alimenta la llama del conflicto armado.

El respeto a la población tiene que ser un hecho y no una quimera. Los derechos humanos no pueden seguir siendo arrasados por las balas y las bombas del Eln y del 33 frente de la disidencia de las Farc.

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