La cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, con 33 sedes y propiedad del humorista con el mismo seudónimo, cuyo nombre es Pedro Antonio González González, definitivamente se fue a la quiebra.

Tras una audiencia celebrada el ayer en la Superintendencia de Sociedades, la empresa ingresó formalmente en proceso de liquidación judicial, conforme a lo establecido por la Ley 1116 de 2006.

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De acuerdo con Supersociedades, la compañía, conocida por su oferta de platos típicos colombianos y comida nacional e internacional, cuenta con 183 trabajadores directos. Además, con corte al 30 de junio de 2025, reporta activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones.

La entidad destacó que Don Jediondo se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. No obstante, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

El superintendente Billy Escobar Pérez señaló que se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Agregó que, tanto su superintendencia como los acreedores involucrados, sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. 

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“Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, añadió.

Escobar explicó que durante la fase de seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco sesiones de audiencia, en las que se constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo.

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A pesar de los requerimientos del Juez del concurso y de las oportunidades otorgadas por los acreedores, la sociedad no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento.

Por lo tanto, se procedió a declarar el incumplimiento definitivo del acuerdo y a ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con fundamento en la Ley 1116 de 2006.

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