Las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad en Catar, también en los proyectos ligados al Mundial de este año, son comparadas con el trabajo forzado por la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, mientras que las autoridades insisten en los avances realizados.
Catar ha estado en el ‘ojo del huracán’ desde 2010, cuando lo designaron como el primer país árabe en ser sede de un Mundial, desde ese entonces se han aplicado reformas que impiden el sistema de ‘apadrinamiento’, que convertía a los empleados extranjeros en ‘propiedad’ de sus jefes. Se instauró un precio por cada hora de trabajo.
El sector de la construcción, que para muchos trabajadores cataríes y extranjeros era una ‘esclavitud moderna’, además de las quejas de empleados de hostales hizo que la oenegé denunciara que las leyes de trabajo no se cumplían en Catar.
“Pero estas promesas no se han materializado completamente en el sector de la seguridad”, estima Amnistía Internacional en un informe, mientras se espera que miles de agentes sean contratados de aquí a noviembre, cuando inicia el Mundial.
Treinta y cuatro empleados y exempleados de ocho empresas de seguridad privada, trabajadores inmigrantes originarios principalmente de Kenia y Uganda, describen jornadas de trabajo de más de 12 horas, siete días a la semana, que serían 84 horas semanales, en ocasiones sin sombra ni agua potable, durante los meses más calurosos.
La ley catarí prevé un máximo de 60 horas de trabajo semanal y un día de descanso, el mínimo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No se pueden quejar
Los testimonios de trabajadores y extrabajadores son de tristeza y resignación. Pues, en el trabajo no se pueden tomar días de descanso o ser incapacitado por una enfermedad. “se arriesgan a tener retenciones arbitrarias en sus salarios”, señaló la oenegé.
Las penalizaciones por pausas durante la jornada y horas extra insuficientemente pagadas. Sumado a ello, los empleados no tienen posibilidad de formar un sindicato que los defienda. “No puedes quejarte, ya que serías despedido y expulsado”, comentó uno de los trabajadores en su testimonio.
Las condiciones de trabajo y los salarios varían también dependiendo del origen, siendo los trabajadores de África subsahariana los más maltratados, aseguran los agentes de seguridad, de los que una gran mayoría añade haber vivido en apartamentos sobrehabitados e insalubres.
“Las leyes cataríes sobre el tiempo de trabajo son claras, pero muy a menudo violadas”, confirmó la OIT. “Las horas extra están autorizadas, pero deben ser voluntarias, limitadas y mejor pagadas, como lo estipula la ley”.
“Si bien, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, los clientes que recurren a las empresas de seguridad deben hacer también las verificaciones necesarias y vigilar el trato a los guardias, incluidos sus horarios de trabajo y condiciones de vida”, recordó la organización.
Medidas extremas
“Lamentablemente, tres empresas han demostrado no estar en conformidad en diversos ámbitos”, admitió el comité superior de la organización del Mundial de 2022 en un comunicado, en respuesta a la denuncia.
Estas violaciones “han llevado a la aplicación de una serie de medidas, especialmente la puesta bajo vigilancia o en la lista negra de algunos proveedores, antes de ser señalados a ojos del ministerio de Trabajo para una investigación más profunda y medidas de castigo”, dijo el comité.
“Catar ha tomado medidas inmediatas para remediar los casos particulares de actos reprobables. La incidencia de empresas que incumplen las normas ha disminuido y continuará disminuyendo”, aseguró el Ministerio de Trabajo de Catar.
De este modo, según el Comité superior, 391 proveedores fueron señalados al Ministerio, 50 fueron prohibidos para trabajar en proyectos ligados al Mundial y 56 desmovilizados, 226 puestos bajo vigilancia y 7 en la ‘lista negra’.
El ministerio de Trabajo, que “anima a los trabajadores extranjeros a poner reclamaciones si sospechan que la ley ha sido infringida”, asegura que 24 agencias de contratación “fueron cerradas y sus licencias revocadas el último mes”.
También precisa que el 96% de los ‘trabajadores elegibles’ están ahora protegidos gracias a un sistema puesto en marcha a finales de 2015 para controlar el pago de los salarios.
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