Cada cuatro años, en abril, los habitantes de todos los barrios en Cúcuta eligen a un presidente de Junta de Acción Comunal para que los represente. Estas personas realizan actividades y gestionan recursos para impulsar el progreso de sus comunidades. Sin embargo, varios líderes han denunciado que, en el ejercicio de este cargo, enfrentan amenazas, agresiones y desplazamientos forzados.

Presidentes de junta de las comunas 1 y 2 de Cúcuta expresaron que las amenazas contra ellos se han presentado desde el año pasado. Aseguraron que estos actos de intimidación los ha llevado a cabo el Clan del Golfo, como consecuencia de sus iniciativas en los barrios.

Indicaron que, aunque la Policía ha incrementado los patrullajes en la zona, persiste el temor de transitar por las calles. Señalaron que las intimidaciones se han hecho a través de llamadas telefónicas y redes sociales, con mensajes de odio y videos en los que personas armadas los amenazan con asesinarlos.

Líderes de la comuna 5 señalaron que también sufren constantes intimidaciones por parte de vendedores de droga en sus barrios. Afirmaron que, tras denunciar estas situaciones ante las autoridades, han recibido amenazas de muerte de manera directa, lo que los ha obligado a mudarse de casa o modificar sus rutinas diarias.

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Por otra parte, presidentes de la comuna 7 en Cúcuta, manifestaron que estos hechos se han presentado con más frecuencia desde octubre de 2024. Explicaron que desde entonces han recibido amenazas a través de videos que son enviados por grupos delincuenciales que no se identifican.

Agregaron que estos hechos han trascendido a visitas a sus casas y a acercamientos con conocidos para causar mayor intimidación.

Denunciaron que, frente a ello, algunos líderes han renunciado y otros han optado por continuar ejerciendo sus cargos desde ubicaciones que prefieren mantener reservadas. Algunos presidentes señalaron que el motivo principal de su desplazamiento ha sido el temor a que grupos armados tomen represalias en su contra o en contra de sus familias.

Respuesta de autoridades

La oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), explicó que, frente a las amenazas que reciben líderes sociales, se hace la activación de una ruta institucional e interinstitucional. Se detalló que desde la Policía ejecutan la estrategia Cuadrantes por la Vida.

Se explicó además que esta consiste en hacer patrullajes por todo el territorio del área metropolitana de Cúcuta, para identificar líderes sociales, problemas que están enfrentando y establecer un contacto directo con ellos. Recalcaron que con esta labor se ofrece un servicio personalizado, y se ejecutan acciones inmediatas ante situaciones de riesgo.

También se mencionó que con este cuadrante se aplican las medidas preventivas y se hacen visitas diarias a sus casas y lugares de trabajo. Indicaron que en el caso de las amenazas también se les hace acompañamiento con la Sijín, quien tiene un cuerpo élite especializado para estos sucesos.

Asimismo, se aclaró que los casos se ponen en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación y la Alcaldía, los cuales también hacen la activación de una ruta institucional.

De igual manera, informaron que desde la Policía se ofrece acompañamiento a eventos y reuniones de los presidentes de junta. Esta estrategia viene funcionando todos los días, desde su creación el 23 de noviembre de 2022.

La Policía Metropolitana de Cúcuta señaló que Cuadrantes por la Vida es una iniciativa local que se ejecuta bajo el Decreto 1066. Comentaron que la línea de atención para la misma es: +57 317 401 5399.

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta declaró que, a fin de atender estos casos, la Secretaría de Gobierno creo el Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición para líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz.

Se aseguró que este espacio tiene como eje central resolver las emergencias que afecten a estas personas. Detallaron que desde la Alcaldía se activan las rutas de atención necesarias en coordinación con otra secretaría miembro del Subcomité o el Ministerio Público que haya iniciado el proceso.

Agregaron que estas acciones incluyen la activación de mecanismos de protección y asistencia para salvaguardar la vida e integridad de las personas en riesgo.

Explicaron que del Subcomité hacen parte las secretarías de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Posconflicto y Cultura de Paz, la Personería de Cúcuta, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros miembros.

Señalaron que los responsables identificados detrás de estos hechos son los grupos delincuenciales: Tren de Aragua, AK-47, Los Porras, las disidencias de las Farc y el Eln.

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Asimismo, informaron que los líderes amenazados, a mayo, ascendían a 29, a los cuales ya se les activó una ruta, aseguraron.

También se evidenció que en 2024 se presentaron 114 líderes amenazados y en 2023, 97. Todos, con rutas activadas por parte del Estado.

Por su parte, la fundación Progresar compartió que, desde 2021 hasta la fecha, han recibido y acompañado 311 casos de líderes amenazados provenientes de distintos municipios del departamento. Destacaron que 185 son hombres y 126 mujeres.

De igual manera, se indicó que 166 de los casos se presentaron en Cúcuta, lo que posiciona a la ciudad entre las tres que más concentran estos casos a nivel nacional. Además, sostuvieron que 57 de las amenazas las presentaron líderes en el Catatumbo, y 49 en municipios del área metropolitana.

La fundación recalcó que esta situación se agrava. De los 311 casos, 211 de ellos fueron obligados a desplazarse de su territorio, 233 recibieron amenazas reiteradas y 20 recibieron agresiones físicas. 

Hugo Rey, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, declaró que en el presente año han incrementado los presidentes de junta de acción comunal que han tenido que desplazarse de su territorio por amenazas, especialmente líderes de la comuna 8.

Comentó que actualmente hay 332 presidentes de junta en Cúcuta, teniendo en cuenta el área urbana y rural. Aclaró que estas situaciones de violencia han disminuido la participación de estos procesos ciudadanos.

Autoridades expresaron que estos actos violan derechos como la libertad de expresión, de reunión y protesta, y el derecho a la protección y seguridad. Representantes de las organizaciones solicitaron mayor control e investigación sobre estos delitos, no permitiendo hechos de impunidad.

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