La discusión sobre quién operará el acueducto de Cúcuta a partir del seis de diciembre del presente año dejó de ser un simple debate administrativo y se convirtió en uno de los mayores desafíos financieros y políticos para la administración del alcalde Jorge Acevedo Peñaloza y para la empresa EIS Cúcuta.
Aunque el mismo Alcalde planteó crear una nueva empresa de servicios públicos o incluso asumir directamente la operación del acueducto, hoy el panorama luce mucho más complejo de lo previsto. Las restricciones jurídicas, el peso de las deudas acumuladas durante dos décadas y los recientes cambios regulatorios terminaron estrechando el margen de maniobra de la ciudad.
Detrás de la discusión no solo está el futuro del servicio de agua potable para más de 700.000 habitantes, sino también el riesgo financiero que podría comprometer parte del patrimonio público del municipio.
El principal obstáculo tiene nombre propio: una deuda cercana a los 177.000 millones de pesos con el Ministerio de Hacienda.
Lea aquí: Fenalco y Fenaltiendas alertan por deterioro financiero de las tiendas de barrio
Ese compromiso nació hace dos décadas, cuando la Nación respaldó financieramente a la empresa y suscribió un convenio de desempeño que impuso condiciones estrictas para garantizar el pago de la obligación. Durante 20 años la deuda solo generó intereses, razón por la cual pasó de cerca de 70.000 millones a más de 177.000 millones de pesos.
Pero el período de gracia terminó. A partir del primero de enero de 2027, la EIS Cúcuta y el municipio deberán comenzar a amortizar el crédito con pagos cercanos a los 10.000 millones de pesos anuales durante 30 años.
La situación tiene una cláusula especialmente delicada: si el municipio incumple, la tasa de interés se duplica y el Ministerio de Hacienda estaría facultado para ejecutar las garantías que respaldan el acuerdo, entre ellas el 49 % de las acciones que el municipio mantiene pignoradas.
En otras palabras, Cúcuta podría perder una parte significativa de la empresa. Esa realidad financiera terminó convirtiéndose en un muro para cualquier intento de asumir directamente la operación del acueducto.
Lea también: Cúcuta, la ciudad donde más se encareció el costo de vida en abril
El convenio que amarra a la EIS
La EIS Cúcuta no tiene plena autonomía para decidir qué hacer con el sistema de acueducto.
El convenio firmado con el Ministerio de Hacienda hace 20 años estableció que la empresa solo podía operar mediante un “operador especializado”. Bajo esa figura se adjudicó el contrato de operación a Aguas Kpital Cúcuta.
Durante los últimos años, la administración municipal intentó modificar esa restricción para permitir que la EIS pudiera convertirse en operadora directa o asociarse con una empresa experta en servicios públicos.
El Ministerio de Hacienda aceptó parcialmente modificar el convenio, pero dejó una condición innegociable: la empresa debía demostrar capacidad financiera suficiente para asumir la operación. Ahí comenzaron los problemas.
El golpe del Tribunal de Arbitramento
Mientras avanzaban las conversaciones con el Gobierno Nacional, apareció un nuevo revés financiero.
En medio de las disputas contractuales entre la EIS y Aguas Kpital, el Tribunal de Arbitramento resolvió una demanda que inicialmente ascendía a 240.000 millones de pesos.
Aunque el fallo final redujo considerablemente las pretensiones económicas, la EIS terminó condenada a pagar cerca de 19.000 millones de pesos, además de asumir otras obligaciones derivadas del cierre del contrato.
Según cálculos internos conocidos por sectores cercanos al proceso, la empresa necesitaría un capital de trabajo cercano a los 100.000 millones de pesos para asumir la operación del acueducto con estabilidad financiera. Sin embargo, ese dinero hoy no existe.
Y allí aparece otro de los dilemas centrales para la Alcaldía: asumir el sistema sin respaldo económico suficiente podría poner en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la viabilidad financiera de la empresa pública.
Lea además: De cada 10 cabezas de ganado, tres son sacrificadas en plantas clandestinas
Una empresa cargada de pasivos
La deuda con el Ministerio de Hacienda no es la única presión.
La EIS también enfrenta un pasivo total pensional cercano a los 76.000 millones de pesos, obligación que debe atender mensualmente con el pago a pensionados.
Eso significa que la carga total de la empresa ronda los 253.000 millones de pesos.
Con semejante panorama financiero, vender participación accionaria tampoco luce sencillo.
La administración municipal evaluó el año pasado la posibilidad de buscar un socio estratégico o una multinacional que adquiriera el 49 % de la EIS y asumiera la operación del acueducto cuando finalice el contrato 030 con Aguas Kpital.
Sin embargo, la idea terminó perdiendo fuerza por razones económicas y políticas.
Lea aquí: Irregularidades en ejecución en proyectos con regalías llevan al Gobierno a reforzar control
Desde sectores cercanos a la discusión se advirtió que vender acciones en medio de un escenario de alto endeudamiento reduciría considerablemente el valor real de la empresa. Además, políticamente la decisión podría interpretarse como una privatización de un activo estratégico para la ciudad.
La licitación ya empezó a caminar
Con ese escenario sobre la mesa y la posibilidad de operar directamente debido a las restricciones que establece el convenio de desempeño con el Ministerio de Hacienda, la EIS Cúcuta se ve obligada a mantener el modelo de operador especializado mediante una licitación.
¿Cuál fórmula elegir?
Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando se dio inicio al proceso de estructuración de una nueva licitación para escoger al próximo operador del contrato 030 del acueducto. En ese momento apareció un fallo de responsabilidad fiscal contra el actual operador por cerca de 800 millones de pesos.
Según explicó el director de la EIS Cúcuta, Diego Fernando Mora, esa decisión fiscal no estuvo relacionada directamente con la operación del contrato, sino con el manejo de subsidios dirigidos a los estratos 1 y 2. Sin embargo, la Contraloría pidió la caducidad del contrato y obligó a la empresa municipal a abrir el proceso administrativo correspondiente, como lo ordena la ley.
En medio de ese trámite, en enero, Aguas Kpital manifestó su intención de ceder el contrato a Veolia y solicitó autorización a la EIS Cúcuta para concretar esa operación. Desde entonces, la entidad quedó frente a dos caminos: continuar con la licitación pública o aprobar la cesión del contrato acompañada de una prórroga.
Lea también: Madres y microempresarias: ellas lideran el acceso al crédito para impulsar sus negocios
Para Mora, cualquier alternativa debía garantizar un punto clave: que el servicio no se afecte para miles de usuarios en la ciudad. Por eso, la empresa decidió contratar estudios externos para evaluar la viabilidad jurídica, financiera, técnica y operativa de cada escenario.
“Lo que se buscó fue establecer cuál opción resulta más conveniente para la empresa, para el municipio y para los usuarios”, indicó el funcionario.
Pero mientras avanzaban esos análisis apareció un nuevo obstáculo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) modificó las reglas tarifarias del sector, imponiendo criterios de rentabilidad más estrictos y mayores exigencias de inversión para los operadores.
Esa situación, según la EIS, complica el cierre financiero de una eventual licitación pública, debido a las obligaciones económicas que deberá asumir el nuevo operador desde 2027.
Entre ellas están el pago del pasivo pensional de las antiguas Empresas Municipales de Cúcuta, que asciende a 76.000 millones de pesos, y el inicio de la amortización de un crédito con el Ministerio de Hacienda cercano a los 176.000 millones.
La preocupación de la entidad es que esas cargas financieras podrían reducir el interés de posibles oferentes o afectar la estabilidad económica del futuro contrato.
Los estudios contratados por la EIS concluyeron que una nueva licitación, bajo las actuales condiciones tarifarias, podría generar afectaciones superiores a 140 mil millones de pesos en un periodo de 20 años, situación que incluso podría traducirse en un detrimento patrimonial para la empresa.
Lea además: Educación financiera: el reto pendiente de miles de madres emprendedoras en Colombia
Sin embargo, cuando la junta directiva de la EIS y la Contraloría analizaban las alternativas, apareció otro elemento que terminó alterando el panorama.
Una ciudadana interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Como resultado, el alto tribunal decretó una medida cautelar que ordena suspender cualquier trámite relacionado con la cesión del contrato y su eventual prórroga.
Con esa decisión judicial, la EIS quedó prácticamente limitada a continuar únicamente con el camino de la licitación pública, pese a las advertencias financieras y técnicas que reposan en los estudios contratados.
Mora aseguró que la empresa sigue revisando todos los escenarios junto con la junta directiva, en la que también participan representantes del municipio de Cúcuta y el Ministerio de Hacienda.
El dilema para la administración municipal es de gran tamaño: escoger entre una licitación pública que podría impactar las finanzas futuras de la empresa o insistir en una cesión contractual que hoy permanece frenada por orden judicial. El alcalde Jorge Acevedo tiene la última palabra.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
