El Concejo de Cúcuta se encuentra en medio de un escándalo por el no pago de más de $300 millones a numerosas personas vinculadas con órdenes de prestación de servicios y por otros conceptos durante la gestión en la presidencia de la concejala Carime Rodríguez.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, el caso generó polémica al finalizar una de las 10 sesiones extraordinarias que había citado el alcalde Jorge Acevedo para el mes de enero.
Se conoció que al culminar dicha reunión la expresidenta del Concejo, Carime Rodríguez, habría tenido una airada discusión con el actual presidente Edison Contreras, por haber sido él quien supuestamente inició estos comentarios.
“Fue un malentendido, pues ese comentario de la deuda no salió de Edison sino de otro funcionario”, puntualizó un testigo de los hechos.
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Lo cierto es que desde hace meses sí existe una deuda con trabajadores por OPS en la corporación administrativa municipal.
Varios de los afectados le aseguraron a La Opinión que aún se les deben los salarios correspondientes a noviembre y diciembre, y en algunos casos, hasta de octubre del año pasado.
Según los consultados, esta situación de endeudamiento tendría lugar en varios favores políticos que hizo Rodríguez durante su gestión. También indicaron que con el cambio de vigencia, esta sería una problemática que le tocaría asumir al actual presidente Edison Contreras.
Habla Carime Rodríguez
La expresidenta del Concejo, Carime Rodríguez enfatizó que la deuda que actualmente tiene la corporación es de $343.668.747. Agregó que de esta cifra $186.586.747 corresponden a contratos de prestación de servicios prestados en el mes de diciembre.
Asimismo, Rodríguez aclaró que $63.070.000 corresponden a la compra de equipos tecnológicos y $94.012.000 por apropiación de cesantías.
La cabildante aclaró que la razón de esta deuda es el bajo recaudo de los últimos meses en el municipio.
Añadió que aunque a principios del 2025 se aprobó un presupuesto de $5.728.330.946.92, para el funcionamiento de la corporación, los pagos en el caso del Concejo dependen de los recursos que gire el municipio de Cúcuta.
“El Concejo se financia principalmente con transferencias del presupuesto municipal, y en la administración pública los presupuestos son el acto administrativo por el cual los ordenadores del gasto comprometen los recursos”, dijo.
Agregó que “estas cuentas por pagar no guardan relación con una disminución estructural de recursos, sino con un comportamiento del recaudo en la vigencia respectiva”.
Rodríguez sostuvo que la situación ya ha sido abordada dentro de los mecanismos normales de la gestión pública.
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La expresidenta comentó que entre las medidas que han adelantado para mitigar este problema se encuentra la programación del pago de las cuentas pendientes con cargo al presupuesto de la vigencia 2026, conforme a la normatividad presupuestal vigente, así como el seguimiento permanente al flujo de recursos y a la ejecución financiera.
Aseguró también que ya se vienen cancelando deudas a medida que se van recibiendo las transferencias de parte de la alcaldía municipal.
Adicionalmente, dijo que se han fortalecido los mecanismos de planeación y control del gasto, con el fin de evitar afectaciones futuras y asegurar la sostenibilidad económica, tanto del Concejo como de sus contratistas.
Con respecto a los comentarios que apuntan hacia supuestos favores políticos con la asignación de esas OPS, Carime Rodríguez advirtió que los mismos son falsos.
“Yo no tengo deudas con favores políticos, yo hice una administración clara y transparente de cara a la ciudad. Esos comentarios deben tener un soportes y pruebas, pues de lo contrario se quedan en chismes”, precisó Rodríguez.
Sobre la cantidad de contratistas a los que todavía se les deben pagos, la cabildante aclaró que esta información la maneja actualmente Edison Contreras, quien ya ha adelantado el pago de deudas.
Aunque La Opinión intentó contactarse con el actual presidente del Concejo, él prefirió no pronunciarse sobre el caso.
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Análisis judicial
Martín Santos, abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo, explicó a La Opinión que este asunto presenta irregularidades por diferentes motivos.
Sobre la razón de la deuda, atribuida al argumento del bajo recaudo, el especialista indicó que esto no justifica la ejecución de gastos sin respaldo presupuestal plenamente acreditado. Mencionó que la iliquidez transitoria no habilita al ordenador del gasto para comprometer recursos por fuera del marco aprobado y modificado conforme a la ley.
Sobre las cuentas por pagar que ascienden a $343 millones, Santos recalcó que aunque se insiste públicamente en que dichas obligaciones cuentan con “soporte legal y presupuestal”, tal afirmación resulta técnicamente insuficiente si no se acredita: la expedición oportuna de los CDP y RP, la correcta imputación a la vigencia 2025, así como el cumplimiento estricto del principio de anualidad presupuestal.
Además, informó que la programación de pagos con cargo a la vigencia 2026 introduce un elemento de riesgo jurídico adicional, pues ninguna obligación puede trasladarse a una vigencia posterior si no fue legalmente constituida como cuenta por pagar.
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