Es muy difícil sustraerse a los acontecimientos que atropelladamente desata el presidente de la república, a pesar de que, como columnista, uno no quisiera abordar siempre los hechos relacionados con sus actuaciones.

Pero, es que desde la Casa de Nariño se tienden permanentes cortinas de humo cada vez más espeso para distraer a la ciudanía de las graves acusaciones que recaen sobre numerosos funcionarios del entorno del mandatario, y de los hechos de corrupción que gravitan sin solución desde su campaña electoral y durante todo su período presidencial.

Proponer, contra toda evidencia, que se convocará la manoseada consulta popular por decreto, no es más que otra habitual estrategia para que nos ocupemos de su juridicidad, de la inconveniencia de su ejecución y del despilfarro que conlleva movilizar todo el aparato electoral para un evento sin posibilidades de éxito.

Lo que hay detrás de esa usanza – que algunos consideran genial – es quitarle decibeles al ruido que producen las imputaciones al ex ministro Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios; las escabrosas maniobras del presidente de Ecopetrol; las sanciones que se impondrán a la campaña presidencial de Petro; la revelación de Medicina Legal sobre la alteración de los dictámenes sobre la muerte del coronel Dávila; la misteriosa conducta personal del presidente.

Esto, sin referir el caos administrativo que ha llevado al gobierno al enorme déficit fiscal que le impide cumplir las llamativas promesas de campaña; a la completa inacción de agencias gubernamentales encargadas de obras públicas y servicios que no han colocado un solo ladrillo en el territorio nacional. En fin, al desorden de un gobierno que parece no tener brújula.

El cacareado decreto de convocatoria a la consulta no puede ser la excusa para pasar por alto todo lo que está sufriendo la población colombiana, especialmente la más necesitada. Si se llega a expedir ese engendro, será el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre su legalidad, y no vale la pena discutir más sobre un hecho tan aberrante. Cabe sólo preguntarse qué grado de responsabilidad le cabe a un funcionario que a sabiendas de su ilegalidad e inconstitucionalidad expida un acto administrativo de tal magnitud.

El país está cansado del discurso desafiante del presidente y de sus incoherencias conceptuales. Sólo sus fanáticos seguidores creen en las promesas que todavía salen de su boca, como si apenas fuera a asumir el mando, cuando ya está expirando el período constitucional para el que fue elegido. Esto hace recordar un grafiti que apareció en París durante las manifestaciones juveniles en la década de los años sesenta: “No queremos obras, queremos promesas”.

NOTA: Registro con mucho pesar el fallecimiento del destacado pamplonés Luis Carlos Villamizar Lamus, quien se desempeñó con brillo como profesor de la Universidad de Pamplona y del ISER. Luis Carlos dejó una huella indeleble de civismo, compañerismo y solidaridad con los más necesitados. A sus hermanos Gilberto y Luz Mery, a sus sobrinos y amigos hago llegar mis condolencias más sentidas.

ramirezperez2000@yahoo.com.mx

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