La primera sentencia de la JEP sobre secuestro es penosa. Primero, por su extemporaneidad y demora. Casi ocho años para decir lo que ya sabíamos y sobre lo que ya había innumerables condenas en la jurisdicción ordinaria: que las Farc fueron secuestradores feroces y sin freno. 21.396 reconocidos. Después, porque las “penas” impuestas son de chiste y además la JEP usa un doble estándar. Nos advirtieron que las “sanciones" serían simbólicas y que no habría cárcel. Pero ocurre que la JEP debería haber impuesto una verdadera restricción de libertad y no lo hizo.

Tenía que haber determinado que los responsables quedaran confinados a un espacio no mayor a 15 hectáreas ("un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias”, dice la norma). Seguirán moviéndose con libertad por todo el territorio nacional. Una burla y una violación a la misma ley de la JEP.

La JEP también debería haber suspendido los derechos políticos de los criminales y tampoco lo hizo, de manera que podrán, por ejemplo, participar en las elecciones del próximo año. En cambio, a los militares sancionados en el caso de “falsos positivos” en el Caribe sí les establecieron esas restricciones. Finalmente porque la decisión de la JEP establece que el Estado debe seguir pagándole a los bandidos carros blindados, escoltas y manutención y otras gracias monetarias.

Dicho esto, la sentencia es abiertamente contraria al derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra no pueden quedar en impunidad de facto. No basta con una sentencia formal, con una simulación de justicia. Ni siquiera en los casos de justicia transicional. Por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional advirtió en su examen preliminar sobre Colombia que para hacer compatible el pacto con las Farc con el Estatuto de la Corte es indispensable que las restricciones a la libertad sean “efectivas”, no este remedo que estableció la JEP.

La sentencia, además, ratifica las preocupaciones de quienes advertimos que el acuerdo garantizaba la impunidad de los crímenes de las Farc y no aseguraba la paz.

Lo de Petro en Nueva York es escandaloso y una vergüenza. No solo por lo que dijo en la asamblea de Naciones Unidas, donde idealizó a los narcotraficantes que transportan cocaína y pidió investigar penalmente al presidente de los Estados Unidos, sino por sus intervenciones fuera de la Asamblea. En una propuso hacer una “lista de voluntarios para luchar por la liberación de Palestina” y agregó que, si le tocaba, "iría a ese combate”. En un mitin callejero se atrevió a pedir a los soldados norteamericanos que desobedecieran a Trump y solicitó que los "jóvenes y granjeros” gringos “apunten sus fusiles a los tiranos y fascistas”.

Unas declaraciones de extranjero pidiendo que los soldados del país que visita desobedezcan a su presidente y que sus ciudadanos se levanten en armas son inaceptables en cualquier lugar del mundo. Son peores si el extranjero es un jefe de Estado.

El comportamiento de Petro no solo es indigno sino que va en contra de las reglas más elementales de la diplomacia y viola flagrantemente el derecho internacional. Todos los extranjeros tienen el deber de respetar las leyes y autoridades del país donde se encuentren y deben evitar poner en riesgo su seguridad y su orden público. La invitación de Petro a los norteamericanos y sus soldados a la violencia y la rebelión contra su presidente constituye un delito allá y en cualquier parte.

En todo caso, se equivoca de cabo a rabo Petro. Puede decir cualquier cosa en el marco de las Naciones Unidas, pero no por fuera de ella. Esa inmunidad no lo faculta para abusar de la misma y violar a conciencia la ley norteamericana.

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