El gobierno de Gustavo Petro promete dignidad para el trabajador, pero su reforma laboral se convierte, en la práctica, en una sentencia de muerte para miles de empleos formales. Mientras en la Casa de Nariño se habla de justicia social, la realidad golpea con fuerza a las empresas, en especial a las micro y pequeñas, que representan el 90% del tejido productivo del país. Esta reforma está peligrosamente desconectada de las dinámicas reales del mercado laboral colombiano y amenaza con asfixiar la economía.

La inversión se retrae, las pequeñas empresas tiemblan y la informalidad crece, justo lo contrario de lo que dice buscar el gobierno. ¿Es esta la “dignidad” que merecen los colombianos? Lamentablemente, la respuesta está en el aumento de los costos laborales, que solo beneficia el discurso populista, pero castiga la productividad y el empleo real.

La reforma laboral, ya aprobada en tercer debate, contempla aumentos significativos en los costos: recargos dominicales del 100% (antes 75%), ampliación del horario nocturno desde las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.) y restricciones más severas para la contratación a término fijo. Medidas que suenan bien desde el atril del poder, pero que en la práctica se traducen en una pesadilla operativa para las empresas que generan el grueso del empleo formal.
Un caso alarmante es el del sector de seguridad privada. Según Fedeseguridad, la reforma podría provocar la pérdida de al menos 18.000 empleos formales. No es una advertencia menor: el incremento del 18% en los costos por trabajador previsto para 2026 forzará a muchas empresas a elegir entre sobrevivir o desaparecer.

Y es aquí donde se encuentra la paradoja más brutal de esta reforma: en nombre de mejorar las condiciones laborales, termina destruyendo el empleo formal y empujando a miles de trabajadores hacia la informalidad. Esa misma informalidad que el gobierno asegura combatir, pero que sigue creciendo. Hoy, más del 56% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad, y en ciudades intermedias como Neiva o Montería, esa cifra supera el 65%. Ignorar este problema estructural es una irresponsabilidad que pagarán, como siempre, los más vulnerables.

La dignidad laboral no se impone por decreto: se construye con estabilidad, inversión y diálogo. Pero esta reforma avanza en un tono mesiánico, casi punitivo, que impone el mismo modelo a una multinacional que a una panadería de barrio. Es un igualitarismo mal entendido que termina castigando al pequeño formal y premiando al informal.

Lo más grave es que, mientras el Senado avanza con el trámite legislativo, el presidente insiste en acudir a una consulta popular, no para mejorar la reforma, sino para utilizar el aparato ejecutivo como plataforma electoral. ¿Con qué propósito? Con uno muy claro: hacer campaña desde el poder, usando los recursos del Estado para fortalecer su proyecto político y polarizar aún más al país.

Colombia sí necesita una reforma laboral. Pero no una hecha desde el púlpito ideológico, sino una construida desde la realidad. Una que reconozca la urgencia de cerrar la brecha de informalidad, que impulse el desarrollo de las MiPYMES, que proteja al trabajador sin quebrar al empleador.

El 20 de junio, el Senado tomará una decisión crucial para el país. No es un trámite más, está en juego la viabilidad del empleo formal, la estabilidad de las pequeñas empresas y, en última instancia, el bienestar de millones de colombianos.

El próximo gobierno no puede darse el lujo de repetir los errores de esta administración. Tiene la obligación de corregir el rumbo con determinación, y de impulsar una reforma laboral seria, anclada en la realidad del país y no en discursos ideológicos. Una reforma que priorice a los más vulnerables: los trabajadores informales y las micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy son el motor invisible de Colombia.

El país no necesita experimentos populistas, necesita una política laboral que construya empleo real, cierre brechas, dinamice la productividad y devuelva la confianza al sector empresarial. Una reforma que no ahogue, que no castigue, que no expulse. Sino que abra camino a un mercado laboral justo, moderno y verdaderamente digno para todos.

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