Por provocar desmanes, afectar la infraestructura, golpear a la Fuerza Pública y hasta por homicidio y tortura, la Fiscalía General de la Nación ha registrado 50 condenas contra ciudadanos que cometieron delitos en el marco de las manifestaciones.
Según un informe del ente acusador, por esas mismas faltas a la Ley durante las protestas ciudadanas también hay otras 551 personas que están siendo procesadas por la justicia y otras 61 contra las que se adelanta una investigación penal.
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De esas condenas, las más recientes son las cuatro que se conocieron este martes contra Sergio Andrés Pastor González, alias 19, señalado de liderar a uno de los grupos de la denominada Primera Línea, y contra Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez.
Todos ellos, señalados también de pertenecer a dicho grupo, fueron condenados a 14 años y medio de prisión por torturar a un hombre que creían que pertenecía a la Policía Nacional.
Según un informe de la Fiscalía, que toma hechos cometidos entre 2021 y septiembre de 2022, durante las manifestaciones se presentaron 4.268 denuncias por supuestos actos violentos de las que siguen en indagación preliminar 3.996.
De ese mismo grupo de personas señaladas de cometer delitos durante las manifestaciones, la Fiscalía también reveló que 171 están en etapa de juicio, 38 van en ejecución de penas y solo 2 lograron una terminación anticipada.
Pero, más allá de los procesos judiciales, el informe también deja una preocupante cifra sobre la cantidad de homicidios que se han presentado en el marco de las movilizaciones.
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Según esa información oficial de la Fiscalía, se tienen reportes de por lo menos 29 asesinatos: 22 civiles mayores de edad, un civil menor de edad, un indígena, tres integrantes de la Policía Nacional y uno del CTI.
Sobre esos asesinatos el ente acusador ha esclarecido un 58,62%. Según reza el documento, nueve de esas muertes sería responsabilidad de civiles, 10 de integrantes de la Fuerza Pública y otros 10 aún están por averiguarse.
Sin duda, la ciudad donde más personas murieron de manera violenta durante los paros fue Cali. Allí, la Fiscalía contabilizó 16 asesinatos. En el resto del departamento del Valle del Cauca hubo otros cinco, en Cundinamarca y Bogotá tres y de a un caso en Popayán e Ibagué.
La mayoría de casos abiertos actualmente tienen que ver con daños a la infraestructura pública. Por daños a bienes públicos y privados hay 50 procesos abiertos, por afectaciones a ambulancias hay 18 y por daños generales a otros bienes están 326 activos.
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Por último, la Fiscalía estima que hay 18 casos activos con 67 personas vinculadas por hechos que tendrían relación con las organizaciones criminales.
Dichos casos activos están siendo investigados por supuestos vínculos con grupos armados como las disidencias de las extintas Farc conocidas como la Segunda Marquetalia y Adán Izquierdo. Sobre presuntos miembros de la Primera Línea, el ente acusador aún reporta 33 casos activos.
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