La Policía se pronunció también frente al anuncio del Eln de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los uniformados de la Policía secuestrados Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia. Ese grupo guerrillero incluyó también a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.
“La institución responsabiliza al Eln por la integridad y la vida de los señores subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y patrullero Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron secuestrados en una vía del municipio de Tame (Arauca) el 20 de julio de 2025”, informó la entidad.
Acto seguido, la entidad agradeció a los organismos que de manera permanente han desarrollo gestiones para su liberación, sin embargo, reitera el llamado a este grupo para que devuelva a la libertad a los compañeros secuestrados.
La Fiscalía tambíen exigió la libertad inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada desde el pasado 8 de agosto y rechazó que se condicione la libertad de sus servidores a un canje, “como si se tratara de fichas de cambio”.
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La Fiscalía recordó que los dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) son “funcionarios judiciales” adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, de manera que están encargados de “acompañar labores de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, en el marco de la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables de infringir la ley penal”.
A esos pronunciamientos también se sumó la Defensoría del Pueblo. “Las personas secuestradas en este caso son civiles pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Adicionalmente, la libertad fue condicionada a un llamado “canje humanitario”. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado”, expresó en un comunicado la entidad.
Acto seguido la entidad recordó al Eln que el principio de humanidad es la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario y ningún grupo armado puede justificar sus actos con base en razones políticas, militares o ideológicas cuando estos implican violación a los máximos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y el DIH.
“Por tanto, la Defensoría exige la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios, así como el cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra. De igual forma, la Defensoría insta al Gobierno nacional, al Consejero Comisionado de Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta”, concluyó la entidad.
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