En un acto público en la tarde del martes 25 de junio, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la Ley 2460 de 2025, una reforma profunda que apunta a transformar el enfoque del país en materia de salud mental.
Aunque ya había sido aprobado por el Congreso, su firma marca el inicio de una serie de responsabilidades para instituciones educativas, empresas, EPS, y el sistema de salud en general.
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El evento estuvo acompañado por varios ministros y directivos del sector, y durante su intervención, el mandatario fue claro: “La salud mental será un derecho real, con atención garantizada para todos los colombianos”.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Salud Mental?
Esta norma modifica la Ley 1616 de 2013 y fortalece el modelo de prevención. Su foco está en garantizar el bienestar emocional desde la infancia, prevenir trastornos mentales y asegurar una atención integral e integrada.
Los cambios tocan múltiples frentes. A partir de ahora:
- La educación emocional será obligatoria en colegios y universidades.
- Se establecerán protocolos de atención desde el primer nivel de salud.
- Se activarán alertas tempranas en instituciones educativas.
- Las empresas deberán actuar frente a riesgos psicosociales.
Además se implementarán estrategias de comunicación masiva sobre salud mental en medios públicos y privados. El Ministerio de Salud, junto al Consejo Nacional de Salud Mental y el Ministerio de Educación, coordinaron esta tarea.
Más protección para niños, jóvenes y trabajadores
Uno de los grupos prioritarios de esta ley son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, por estar en etapas clave de desarrollo.
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El Ministerio de Salud deberá crear en menos de un año un protocolo especializado para esta población.
Los colegios, las EPS y las IPS estarán obligados a conformar comités de salud mental, que realicen tamizajes e informes sobre estudiantes y personal educativo, con el fin de detectar señales de alerta.
En el entorno laboral, las empresas deberán desarrollar campañas de prevención y bienestar emocional con el respaldo de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y garantizar condiciones para preservar la salud mental de sus empleados durante la jornada laboral.
Observatorio de Salud Mental: seguimiento y datos cada dos años
La atención en salud mental deberá ser ofrecida por profesionales como médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros y técnicos en atención prehospitalarios.
Las clínicas y hospitales deberán garantizar formación continua para estos perfiles, de acuerdo con la norma.
Por otro lado, las EPS tendrán que implementar programas con enfoque diferencial étnico, así como brindar apoyo psicosocial y formación a cuidadores de personas con trastornos mentales.
La ley también refuerza el componente técnico y de análisis. El Observatorio Nacional de Salud Mental deberá entregar informes actualizados sobre el estado de la salud mental en el país, cada dos años como máximo.
Estos estudios deben incluir información sobre tratamientos frecuentes, zonas con mayores riesgos, determinantes sociales y necesidades específicas.
Este sistema de información se integrará al Sistema de Protección Social y contará con el respaldo del Ministerio de Ciencias para fortalecer la base científica y tecnológica de las decisiones.
Con esta ley, el Gobierno busca que la salud mental deje de ser un tema invisible o estigmatizado, para convertirse en un derecho accesible, transversal y respaldado por el Estado.
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