En medio de la lucha por su vida que lleva a cabo Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa fe, una inesperada demanda de dos sindicatos del Ministerio de Defensa en contra del senador llegó al Consejo de Estado.
Se trata de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (Sinsergen), quienes presentaron una Acción de pérdida de investidura en contra del senador del Centro Democrático que fue atacado con un arma de fuego el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá.
Las dos entidades indicaron que el político de 39 años utilizó su posición como congresista para obtener ventajas en su aspiración electoral, llevando un acto “ilícito” que terminó con un atentado en su contra.
Dentro de los argumentos que presentaron las dos instituciones, indicaron que Uribe Turbay, elegido como senador para el período 2022 - 2026, ha llevado actividades de “reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta, en un momento en que no habla iniciado el período oficial de campaña según el calendario electoral vigente expedido por la Registraduría Nacional”.
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En el documento resaltaron que por “dicho acto ilícito realzado expuso su vida, la cual cobro de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”.
Para los dos sindicatos, el congresista habría incurrido en una causal de pérdida de investidura porque, según el argumento presentado, violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, algo que “generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta del senado de la República de Colombia”.
La demanda está en estado de admisión en el Consejo de Estado y será revisada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de ese alto tribunal, quien dará a conocer en los próximos días su decisión sobre esta acción administrativa.
Por el momento, el congresista completa su tercera semana internado en la Fundación Santa fe donde sigue luchando por su vida luego de los disparos recibidos mientras que las autoridades buscan esclarecer lo que está detrás del atentado.
Hasta ahora, la Fiscalía sólo ha indicado como una hipótesis que el atentado se haya dado por motivos políticos, pues han expresado no tener referencias de “de amenazas en su contra, de problemas personales en su contra o de algún otro delito que hubiese podido motivar este atentado tan planeado”.
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