En Colombia, ser trans, transgénero o no binarie no solo ha implicado una lucha diaria por el reconocimiento de la identidad, sino también por sobrevivir a un sistema que históricamente ha negado sus derechos más fundamentales. En respuesta a esta realidad, más de 100 organizaciones sociales de todo el país radicaron en julio de 2024 el proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, también conocida como Ley Sara Millerey, en memoria de una mujer trans asesinada este año.
Esta propuesta legislativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, representa un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, transgénero, no binarias y de otras identidades sexogenéricas diversas en Colombia. No se trata de una ley simbólica: es una herramienta legal que propone cambios estructurales en áreas clave como la salud, el trabajo, la educación y la protección contra la violencia. Su esencia, coinciden activistas y defensores de derechos humanos, es la reparación histórica frente a siglos de exclusión.
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“Esta ley me abre la vida”
Uno de los testimonios que resume la trascendencia de esta propuesta es el de Diego Ruiz Thorrens, director de la Corporación ConPazes en Bucaramanga, organización con base en Bucaramanga que trabaja por los derechos de la población LGBTIQ+. Para Ruiz, la Ley Integral Trans tiene un impacto que va más allá de lo normativo:
“Esta ley me abre la vida. Es demasiado generosa con una población que ha sido históricamente discriminada y que no solo cubre a personas trans, sino también a personas no binarias. Lo principal es que busca la inclusión social y laboral, y eso significa mejores condiciones de vida reales, sobre todo en salud”, explica.
Ruiz subraya que la ley no solo reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida, sino que propone mecanismos concretos para garantizarlo: desde la rectificación del nombre y el marcador de sexo en documentos sin requisitos médicos ni judiciales, hasta medidas afirmativas en el empleo público, como cuotas laborales trans.
En su experiencia en Bucaramanga, la exclusión laboral estatal es evidente: “Históricamente, en instituciones públicas solo han sido contratadas dos mujeres trans. Eso es escandaloso. La mayoría solo accede a empleos en salud o estética en el sector privado. Esta ley puede cambiarlo todo”.
Cinco pilares de la Ley Integral Trans transformación
La ley propone transformaciones en cinco áreas clave:
- Reconocimiento de la identidad autopercibida: Cualquier persona podrá modificar su nombre y género registral sin exámenes médicos ni decisiones judiciales, blindando este derecho frente a discursos que buscan desconocer la existencia de identidades diversas.
- Obligaciones al Estado: Todas las entidades deberán ofrecer servicios sin discriminación y con enfoque diferencial, especialmente para personas racializadas, con discapacidad o en movilidad humana.
- Acceso igualitario a derechos: Se contempla el ingreso a salud, educación, trabajo, vivienda y cultura con garantías reales, eliminando barreras institucionales y promoviendo programas específicos como becas y cupos laborales trans.
- Protección integral frente a violencias: Se reconoce el transfeminicidio como categoría jurídica; se establecen medidas frente a expulsiones familiares, violencia institucional y exclusión en el sistema de salud y justicia.
- Seguimiento y sanción: La ley plantea la creación de un sistema de monitoreo con indicadores claros, acompañamiento institucional y sanciones a entidades que vulneren los derechos reconocidos
La ley fue aprobada en primer debate el pasado 4 de junio y refrendada el 19 del mismo mes, justo antes del cierre del periodo legislativo, lo que evitó que fuera archivada. Le restan tres debates: uno en plenaria de Cámara y dos más en Senado.
Organizaciones como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y la Plataforma Ley Integral Trans Ya han hecho llamados urgentes para que no se dilate su trámite. También la Defensoría del Pueblo ha advertido que la omisión del Estado frente a la aprobación de esta ley puede perpetuar la exclusión que dice combatir.
“No es un privilegio, es justicia”
A pesar de avances jurisprudenciales, como las sentencias T-033 de 2022 o T-771 de 2013, la realidad para la población trans, transgénero y no binaria sigue siendo crítica: obstáculos para acceder al sistema de salud, violencia policial, discriminación educativa, desempleo estructural y crímenes motivados por odio.
Por eso, activistas como Ruiz insisten: “Esto no es un privilegio. Esto es justicia. Y debe traducirse en oportunidades, en protección, en que podamos vivir sin miedo. En que podamos simplemente ser”.
En un país donde el nombre que figura en la cédula aún puede ser motivo de burla, violencia o negación de derechos, la Ley Integral Trans se convierte en una apuesta por el derecho a existir con dignidad. Y aunque el camino legislativo no ha terminado, lo que está en juego va mucho más allá de un proyecto de ley: es la vida de miles de personas que han sido históricamente excluidas del pacto social.
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