La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes que la secretaría general de Interpol, desde su sede central en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana por su presunta vinculación al entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La circular, solicitada formalmente por el ente acusador desde el pasado 4 de julio, activa los mecanismos de búsqueda y localización en los 196 países miembros de la organización policial internacional con fines de extradición para que González responda en Colombia por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
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La investigación de la Fiscalía señala a Carlos Ramón González, considerado una ficha clave y hombre de confianza del presidente, Gustavo Petro, como el presunto cerebro detrás del desvío de fondos públicos a través de la UNGRD.
Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de esa entidad, González habría ordenado directamente la entrega de millonarios sobornos a congresistas para asegurar el respaldo a las reformas del Gobierno.
Concretamente, la acusación se centra en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, de donde se habrían desviado los recursos para las coimas. Las pesquisas apuntan a que González instruyó a López para entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y otros $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
La Fiscalía asegura tener pruebas de al menos dos reuniones en la oficina de González, en el tercer piso de la Casa de Nariño, donde se habrían impartido estas órdenes.
La situación judicial del exdirector del Dapre se consolidó el pasado 4 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra, desestimando la apelación de su defensa, que calificaba las acusaciones como “calumnias sin fundamento”.
La ejecución de la orden de captura y de la recién emitida circular roja se enfrenta a un obstáculo mayor: el 20 de agosto, el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, le otorgó asilo político a González, argumentando que es un perseguido político. Esta decisión generó una crisis diplomática con Colombia.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, protestó formalmente la medida. La entonces canciller encargada, Rosa Villavicencio, señaló que el asilo “no debe favorecer la impunidad” y recordó la existencia de un tratado de extradición firmado con Nicaragua en 1929 para delitos comunes.
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Villavicencio hizo un llamado a la cooperación judicial para que Managua reconsidere la decisión, pues esta contraviene el propósito de los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.
Sin embargo, la postura del Ejecutivo ha sido calificada de contradictoria. Mientras la Cancillería pide la extradición, el propio presidente Petro justificó la concesión del asilo, explicando que González, como exmiembro del M-19, combatió en Nicaragua contra la dictadura de Somoza, lo que le habría ganado la protección del sandinismo.
El escándalo se profundizó al revelarse que funcionarios del propio Gobierno colombiano habrían facilitado la permanencia de González en Nicaragua. La Cancillería abrió un proceso disciplinario contra Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Managua, quien presuntamente ayudó al exdirector del Dapre a renovar sus documentos migratorios para que pudiera permanecer en ese país justo cuando avanzaba el proceso judicial en su contra.
Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa. Funcionarios del Ministerio Público realizaron una inspección de tres días en la Cancillería, donde revisaron más de 600 correos electrónicos y recopilaron documentos para establecer si hubo colaboración de funcionarios para tramitar la residencia de González, paso previo a la solicitud de asilo.
Las pesquisas han demostrado que González incluso fue alojado junto a su esposa en la sede diplomática colombiana en Managua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.
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