El proceso de paz territorial entre el Gobierno y Comuneros del Sur, la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Nariño, cumple un año en medio de avances significativos y retos por resolver, especialmente ante el límite del 8 de agosto para diseñar un programa de reintegración con enfoque territorial y comunitario.

Comuneros del Sur es una disidencia del Eln que opera en Nariño desde hace más de tres décadas. La Fuerza Pública estima que el grupo cuenta con 237 integrantes, con presencia especialmente en la cordillera nariñense y el resguardo indígena Gran Mallama. Las decisiones tomadas en la mesa de co-construcción de paz tienen impacto directo sobre diez municipios de la región.

El grupo se separó oficialmente del Eln el 7 de mayo de 2024, tras argumentar falta de autonomía para desarrollar un proceso local. Desde entonces, avanza en un diálogo con el Gobierno, en paralelo a disputas armadas con estructuras como el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (Emc).

La Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial fue instalada en julio de 2024 y, en menos de un año, acordó medidas como el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, la entrega y destrucción de más de 500 artefactos explosivos, un cese al fuego aún no formalizado y un piloto de sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas.

En la séptima sesión de la mesa, el pasado 10 de junio, las partes firmaron dos acuerdos fundamentales: la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el resguardo Gran Mallama y el diseño de un Programa de Reintegración para la Paz y la Transformación Territorial.

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Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la ejecución de los acuerdos enfrenta al menos seis desafíos clave. El primero es el tiempo: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene hasta el 8 de agosto para formular un programa de reintegración que responda a la vocación rural, el arraigo comunitario y la diversidad étnica del grupo.

Otro reto es la sostenibilidad económica. La FIP advirtió que no puede repetirse la experiencia del Acuerdo con las Farc, donde, pese a que el 80% de los firmantes recibió recursos para proyectos productivos, el 86% no tiene ocupación actualmente, según cifras de la ARN.

Además, se requiere una estrategia que evite el aislamiento y la estigmatización de los ex combatientes, ya que muchos desean reintegrarse en los territorios donde antes operaban. Esto implica promover una reincorporación comunitaria con garantías sociales y de seguridad.

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La mesa enfrenta también un vacío legal. Aunque el grupo recibe un tratamiento político, no existe aún un mecanismo jurídico que defina el tránsito a la legalidad ni una justicia transicional para su desmovilización. Esta situación genera incertidumbre y dificulta brindar garantías a las víctimas.

El ritmo del proceso también se ha visto afectado. La atención del Gobierno se ha dividido entre otras mesas regionales, como la del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) en el Catatumbo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo. A esto se sumó la solicitud de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante de Comuneros, suspendida posteriormente por el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, la seguridad de la Zona de Ubicación Temporal es un aspecto crítico. La FIP alertó que debe impedirse el ingreso de otros actores armados ilegales como el Emc, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico o incluso el propio Eln, debido al alto valor estratégico del territorio.

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