El Grupo Keralty ganó una batalla que podría definir el curso de las EPS intervenidas por el Gobierno: tras 15 meses de haber perdido el control de Sanitas, la Corte Constitucional revocó la medida y el conglomerado espera que, en un término de hasta 15 días, la entidad retorne a sus manos.
Esta compañía de origen español se opuso desde un inicio a la toma forzosa que ejecutó la Superintendencia de Salud y la calificó como una decisión “arbitraria” y sin sustento.
Hoy, más allá de esa victoria jurídica individual, los propietarios de Sanitas dejaron un precedente para las otras ocho aseguradoras que continúan tomadas por el Estado.
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“El efecto práctico de la sentencia emitida por la Corte es que suspende las decisiones del Gobierno de intervenir la EPS Sanitas para administrarla. Eso quiere decir que deben restablecerse los órganos de gobierno corporativo, la representación legal, la Junta Directiva y los derechos de todos los accionistas”, detalló Juan David Riveros, abogado de Keralty.
Tal como lo señaló, “las decisiones de tutela solo tienen efecto entre las partes, en este caso, entre Grupo Keralty y la Superintendencia de Salud. Sin embargo, como es una decisión de la sala plena, puede constituirse en un precedente para que, de aquí en adelante, se utilice esa sentencia como parámetro de interpretación para esas otras situaciones que resulten semejantes”.
En un momento crítico
Riveros indicó que una vez Sanitas vuelva a las manos de Keralty, deberá realizarse un corte de cuentas para conocer en qué estado la dejó el agente interventor. Lo cierto es que, según un análisis de Así Vamos en Salud, con corte a marzo del presente año, esa EPS tenía un patrimonio negativo de $1,1 billones, pero cuando fue intervenida el saldo estaba en verde y ascendía a más de $21.000 millones.
Solo entre seis de las siete entidades tomadas durante el Gobierno de Gustavo Petro, el patrimonio negativo totalizó más de $6 billones con corte al primer trimestre y creció 120% interanual; ese desempeño incluso, según el observatorio a cargo del estudio, podría ser peor si Nueva EPS hubiera reportado sus estados.
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Cuando la Supersalud anunció las intervenciones, argumentó que los indicadores básicos no se cumplían y que, bajo el control estatal, el objetivo era sanear las aseguradoras.
Aun no se conoce el fallo de la Corte, no obstante, el abogado de Keralty fue enfático al mencionar que no importa si la revocatoria se basó en la forma o en el fondo de la medida, “lo que demuestra es que la intervención está en el marco de la arbitrariedad y la ilegalidad”.
Paúl Rodríguez, docente e investigador en economía de la salud, coincidió en que los propietarios de las demás EPS pueden emprender acciones jurídicas en adelante, pues “buena parte de las intervenciones son en la misma línea”.
“Lo que es muy complicado es que el problema fundamental actual, la falta de dinero, sigue ahí”, puntualizó.
El patrimonio negativo de las intervenidas aumentó sustancialmente
Más de un año después de la cascada de intervenciones ejecutadas por el presente Gobierno y que alcanzó a siete EPS, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un reporte con el estado financiero de las aseguradoras que fueron tomadas, incluidas Capresoca y Savia, intervenidas en Gobiernos pasados, y encontró que el patrimonio se ha deteriorado progresivamente. Con corte a marzo, la cifra ascendió a $10 billones, lo que representó un incremento de 74,5% en comparación con el primer trimestre del año anterior.
Tomado de La República
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