El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inició las averiguaciones para establecer las condiciones en las que permanece retenido el abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares García, quien el pasado 1 de noviembre fue apresado por autoridades venezolanas bajo sospecha de supuesto espionaje.
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La Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería indicó que “efectivamente se han recibido varias solicitudes de asistencia con relación al caso del señor Edwin Iván Colmenares. Inmediatamente, tuvimos conocimiento del caso, se comunicó a nuestra embajada en Venezuela, la cual solicitó información del mismo a las respectivas autoridades para poder prestar la debida atención consular”.
El hecho, tal cual informó este diario, inició el viernes de la semana pasada, cuando el jurista de 34 años salió de Arauca, donde trabaja, hacia Cúcuta, ciudad en la cual reside su familia. Para ahorrar tiempo, decidió hacer un rodeo por territorio venezolano, que le significa una reducción de unas seis horas de viaje.
Selló su pasaporte en el puente internacional José Antonio Páez del municipio de Arauca y se presentó en el puesto de control del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime), ubicado en El Amparo, estado de Apure.
Allí fue detenido y, al parecer, puesto a disposición del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para ser interrogado bajo sospecha de espionaje.
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“Se está a la espera de respuesta por parte de estas (las autoridades venezolanas), así como un informe de nuestro asistente social en dicho país”, agregó la Cancillería, respecto al proceso de indagación.
Colmenares García trabaja para la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), una ONG que realiza proyectos comunitarios y brinda ayuda humanitaria a la población vulnerable, como madres, cabeza de familia y jóvenes desescolarizados, entre otras. Tales proyectos se implementan en Cúcuta, Arauca, Bucaramanga y Nariño.
Fuentes de esa entidad, bajo reserva de identidad, le contaron a este diario que en sus 29 años de labores “nunca hemos tenido contacto ni con el Ejército ni con las autoridades policiales”, y que Colmenares, quien labora con ellos desde 2021, es abogado administrativo y en ningún momento ha llevado procesos penales.
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