Él, condenado antes por el ‘carrusel de la contratación’, ya había utilizado en el pasado esa estrategia para salir bien librado de sus acciones delictivas.

Y, tras su anuncio de que estaba dispuesto a contar qué políticos estaban implicados en el escándalo, empezaron a sonar los primeros nombres de quienes habrían tratado de influir en la exministra Karen Abudinen para que no cediera el contrato por $2 billones que, según las autoridades, le entregó de manera irregular la unión temporal.

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Con esos nombres en los titulares de prensa, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a cuatro senadores: Armando Bennedetti (‘disidente’ de la U), Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), luego de que la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la Red de Veedurías de Colombia Red Ver los denunciaran.

Pero además se conoció que el exembajador ante Estados Unidos Francisco Santos también llamó a la entonces jefa de la cartera de las Telecomunicaciones para interceder por la firma norteamericana Hughes como posible receptora del convenio a cargo de Centros Poblados.

Según Santos, la comunicación con Abudinen no fue clandestina y hacía parte de sus funciones de entonces. Agregó que conoce a Hughes desde 1996 como un “jugador grande” del negocio de las telecomunicaciones, por lo que les informó sobre la licitación, pero que su propuesta no prosperó.

Iván Antonio Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, renunció a su cargo en febrero, dos meses después de la firma del contrato con Centros Poblados. De su lado, los congresistas mencionados han rechazado públicamente los señalamientos que los relacionan con Centros Poblados y han anunciado que acudirán ante la Justicia cuando sean requeridos por el caso.

“Lo que se sabe es que Benedetti, siendo servidor público, utiliza sus influencias derivadas del ejercicio de su cargo como senador, con el fin de obtener un beneficio por parte de quien en ese momento era ministra. No se sabe cual sería el beneficio, pero no es correcto lo que hizo, y, si se demostrara que realizó la llamada con la finalidad de obtener un beneficio, estaría incurriendo en el delito de tráfico de influencias de servidor público”, explica el abogado Camilo Iván Pizza.

De su lado, Pablo Bustos, presidente de Red Ver, espera que haya una sanción penal contra los congresistas y que esta termine en pérdida de investidura.

“El tráfico de influencias es un hecho punible en lo penal y sancionado también en lo disciplinario y político... Es delito de mera conducta. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario producir el resultado, sino que basta con tratar de desviar la voluntad e interferir y usar su investidura para interferir en una decisión de manera irregular”, señaló.

Y agregó: “No es necesario que el resultado se produzca, simplemente la actuación en sí misma de tratar de doblegar la función administrativa, en este caso la contractual, además de que en este caso lo estaban haciendo ante la ordenadora del gasto, sin duda sería constitutivo de la sanción penal”.

Además, dado que Abudinen señaló públicamente a Benedetti, “en nuestro criterio se configura la causal de tráfico de influencias, independientemente de cualquier resultado... Tratar de anteponer los intereses privados de una entidad de la que ya se conocía públicamente de las irregularidades del contrato, que después se mostraron delictivas, hacía aún más notoria la presencia de ese tráfico de influencias”.

Sin embargo, tras el anuncio de la Corte, Benedetti aseguró: “¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De nueve investigaciones que tengo, siete son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”.

Conozca: 

Más implicados

De otro lado, los señalamientos al senador Gómez Amín estarían relacionado con Alfredo Amín, uno de vinculados a la investigación y quien habría asesorado el proceso contractual con la firma Centros Poblados.

“Amín dijo que está dispuesto a someterse a la prueba de polígrafo que la misma red de veedurías defina, así que estamos evaluando esa circunstancia para asumirla en los próximos días”, dijo Bustos al respecto, sin descartar que haya más políticos involucrados en el escándalo derivado de las anomalías en el convenio para supuestamente dotar de internet a las escuelas de los lugares apartados del país.

“Los elementos que tenemos en este momento son escasos. Sin embargo, esas referencias que aparecieron públicamente fueron las que se tomaron por parte de la red de veedurías para tratar de indagar por el asunto”, sostuvo Bustos y añadió que también tienen bajo la lupa la moción de censura contra la exministra, “porque podría haber irregularidades de personas que hubieran intervenido allí para favorecer la imparcialidad de ese debate”.

Por su parte, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, aseguró que para configurarse el tráfico de influencias “tiene que haber uso de la posición de privilegio del funcionario, que está buscando un beneficio propio o para un tercero. La llamada tiene que tener una intención y un dolo... Si la intención era beneficiar a una empresa, sí puede haber un delito”.

El Instituto Anticorrupción anunció que adelanta una investigación a cerca de 30 congresistas que visitaron la sede principal del Mintic durante el último año y medio.

Y añadió que el Instituto Anticorrupción adelanta una investigación en la que identificaron que hubo al menos 30 congresistas que entraron a la sede principal del Mintic el último año y medio. “Estamos determinando a qué fueron, eso es parte de la investigación”.

Entre tanto, otro nombre que salió a relucir en medio del escándalo de corrupción fue el del exviceministro de conectividad y digitalización Iván Antonio Mantilla, quien renunció a su cargo dos meses después de adjudicarse el contrato a Centros Poblados y está siendo investigado tras denuncias de la representante Katherine Miranda.

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“Estamos hablando nada más y nada menos que de Iván Mantilla, viceministro de las TIC, y de ahí para abajo, hay muchos funcionarios. No me atrevo a nombrarlos, porque esto lo determina la Justicia, pero claramente son seis mil millones de pesos que se repartieron al interior del Ministerio de las Tecnologías para poder hacerse a este contrato”, aseguró la congresista.

Además, según las veedurías, Mantilla “no solo manejó el equipo técnico de evaluación para este proceso, sino que prácticamente estructuró y modificó los términos de la licitación”.

Y la revista Semana dio a conocer un chat entre Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque, ligados a Centros Poblados, en el cual uno dice: “Alineados con el vice”, y el interlocutor responde: “Excelente noticia, te felicito, hermano”. “Vamos bien, falta la ministra”. Sin embargo, la publicación no establece la fecha de dichas conversaciones.

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