La tensión política desatada en Venezuela por la decisión del Tribunal Supremo, luego revertida, de asumir los poderes del Congreso y limitar la inmunidad de los legisladores, no se disipa y por el contrario amenaza con agudizar la crisis en el país.
 
La alianza opositora sostiene que la apresurada enmienda de las dos sentencias el sábado, dos días después de dictaminada, no eximen a los magistrados de su responsabilidad penal por violentar la constitución.
 
Alertan además que en la práctica la Asamblea Nacional sigue privada de sus funciones por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con mayoría opositora en 17 años.
 
La noche del martes en una rueda de prensa, el diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó: "el gobierno miente al decir que en Venezuela hay normalidad. En Venezuela se rompió, se fracturó la constitución y la democracia".
 
"La sentencia inconstitucional aún otorga poderes excepcionales a Maduro", dijo Borges a periodistas en nombre de la alianza.
 
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo "independiente" y se retiren las 56 sentencias emitidas por el máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
 
Borges también aseveró que los adversarios de Maduro van seguir "presionando en todos los escenarios, dentro y fuera de Venezuela, en las calles" para restituir el hilo constitucional.
 
Lo anterior quedó en evidencia el martes en una accidentada marcha contra el Tribunal Supremo en Caracas.
 
La policía dispersó a miles de manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua que eran lanzados desde dos camiones cisternas. 
 
Las protestas callejeras dejaron al menos "una docena de presos en este momento", un herido de bala y más de 50 heridos, seis de ellos atendidos tras sufrir fracturas de acuerdo a cifras preliminares de la alianza opositora. El resto fue tratado con "problemas de contusiones y asfixia" sufrida a consecuencia de las bombas lacrimógenas que utilizaron los cuerpos de seguridad.
 
Durante la protesta, el propio Julio Borges fue agredido por los cuerpos de seguridad. Le rociaron gas pimienta en el rostro y perdió temporalmente la visión, comentó.
 
La confrontación parecía inevitable desde el amanecer.
 
La céntrica Plaza Venezuela, punto de partida de la marcha, había sido tomada desde la madrugada por cientos de guardias nacionales y policías que bloquearon los accesos e instalaron cinco tanquetas y cuatro camiones cisternas para impedir la manifestación, que no posee permiso de las autoridades. 
 
Los manifestantes decidieron entonces marchar por las calles aledañas a la plaza al grito de "íElecciones ya!", pero su paso fue interrumpido por las fuerzas de seguridad, que trataron de dispersarlos. 
 
Por más de una hora, centenares de personas, algunas de ellas con los rostros cubiertos con telas y máscaras, resistieron la acción de los cuerpos de seguridad y les respondieron lanzándoles piedras y otros objetos. Algunos opositores se enfrentaron a golpes con policías y les arrancaron los escudos de protección. Desde algunos edificios pertenecientes al gobierno, donde habitan familias pobres, algunos comenzaron a lanzar botellas contra los manifestantes.
 
En tanto, centenares de opositores bloquearon por más de una hora la principal autopista, que enlaza el este y oeste de la capital venezolana, generando caos vehicular.  Varias decenas de guardias nacionales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. 
 
El alcalde opositor del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, dijo a The Associated Press  que el centro de salud de esa localidad atendió al menos nueve heridos, incluyendo uno por un disparo de arma de fuego, que recibió en un muslo. 

En respuesta a la marcha opositora, varios centenares de seguidores del gobierno, miembros de las milicias y empleados públicos vestidos con sus características camisas rojas, salieron a marchar en el centro de la capital en apoyo al presidente Nicolás Maduro. 
 
Horas después, el gobernante ofreció un discurso desde la población rural del estado Apure, al extremo sur del país, y dirigiéndose al sector militar, afirmó que sus opositores _que según él operan bajo lineamientos de Estados Unidos_ recibieron la orden de provocar hechos violentos para "justificar una intervención" extranjera. 
 
"Hermanos militares... Escúchenme bien porque estamos en batalla. Desde el norte (Estados Unidos) le dieron la orden a la derecha fascista derrotada de Venezuela de llenar las calles de Venezuela de violencia y de sangre", afirmó.
 
"Hoy intentaron, de manera fallida, llenar las calles de Caracas" de violencia, "y yo puedo decir a esta hora, una vez más, 4 de abril, triunfó la paz", agregó.
 
Tarde en la noche, el ministro de Relaciones Interiores, el mayor general Néstor Reverol, acusó al excandidato de la oposición a la presidencia del país y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, de tener "una actitud violatoria" de la constitución al encabezar una protesta en la principal autopista de la capital.
 
"El mencionado gobernador obstaculizó el libre tránsito de la principal arteria vial de la Gran Caracas (...) colocando en riesgo la vida de varios ciudadanos, que se desplazaban en ambulancia hacia centros asistenciales", indicó el ministro en un comunicado. "Exhortamos a los órganos de justicia a iniciar la investigación inmediata" en contra de Capriles, que según el funcionario, tiene "una trayectoria golpista" en los últimos años.
 
El Congreso postergó para el miércoles una sesión especial en la que debatirá la remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional. Sin embargo, es poco probable que prospere el proceso, ya que la única instancia que puede abrirles una investigación es el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, organismos también señalados de estar controlados por el gobierno. 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la víspera una resolución que declara la violación del orden constitucional en Venezuela. Al rechazar la resolución, el presidente Maduro señaló que la OEA actúa como un "tribunal de inquisición" y promueve el "intervencionismo" en el país sudamericano.