El número de familias desplazadas del Catatumbo que han llegado a Cúcuta desde el pasado 22 de diciembre, cuando se presentaron fuertes combates entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, ya asciende a 737, conformadas por 2.048 personas.
De esta cifra, en los seis días que se completaron ayer, habían llegado a la capital nortesantandereana 130 familias, integradas por más de 300 personas.
Desde que iniciaron los enfrentamientos, en enero de 2025, más de 80.000 personas han sido desplazadas. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta, pidiendo mayor presencia estatal.
La crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, continúa profundizándose como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En los últimos días, más de 130 familias —cerca de 300 personas— llegaron a Cúcuta tras huir de la violencia que persiste en zonas rurales de Tibú y El Tarra.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que estas familias han sido atendidas de manera inmediata por la Defensoría del Pueblo regional y la Personería de Cúcuta.
De acuerdo con la funcionaria, los desplazados provienen de sectores como Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, y de Filo El Gringo, en El Tarra, donde continúan los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
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“Estamos acompañando a estas familias y haciendo seguimiento para que se active de manera integral la ruta de atención a las víctimas”, señaló Marín, al tiempo que reiteró el llamado a los grupos armados para que suspendan de inmediato las hostilidades y respeten a la población civil.
Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la cifra real podría ser mayor debido a las dificultades para registrar a todas las víctimas en zonas rurales de difícil acceso. Al respecto, la defensora Marín también exhortó a que los grupos armados de la zona decreten un cese al fuego.
Ayer, la Personería de Cúcuta entregó un consolidado de familias desplazadas del Catatumbo que eligieron a Cúcuta como destino para huir de la guerra que libran en esta región la guerrilla del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Según el órgano de control, son en total 737 núcleos familiares, para un total de 2.048 personas.
La Defensoría del Pueblo reveló también que los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias se recrudecieron desde hace varias semanas, dejando a once municipios de Norte de Santander bajo alerta de riesgo inminente.
La dura situación en Cúcuta
En paralelo, y tras los hechos registrados en Venezuela el pasado fin de semana, el Ejército Nacional mantiene un amplio despliegue en Norte de Santander.
Las tropas permanecen en los cuatro pasos fronterizos oficiales y en corredores utilizados de forma irregular, sin que hasta el momento se reporten incidentes recientes que alteren el orden público.
El dispositivo militar incluye unidades de la Primera, Segunda y Octava División, que en conjunto suman más de 30.000 efectivos.
De ese total, cerca de 11.000 uniformados se encuentran desplegados directamente en Norte de Santander, mientras que el resto opera a lo largo de la frontera, desde La Guajira hasta departamentos como Arauca y Guainía. A este componente se suman vehículos blindados y sistemas de radar para el monitoreo de movimientos irregulares.
¿Qué sucede en el Catatumbo?
La actual emergencia humanitaria se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se intensificó la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, una disputa asociada al control territorial y a las economías ilícitas.
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El balance preliminar de autoridades y organizaciones no gubernamentales habla de cerca de 150 personas muertas y al menos 80.000 desplazadas, muchas de ellas sin condiciones para retornar debido a la persistencia del conflicto.
El Catatumbo está conformado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Aunque se trata de una región con alta riqueza ambiental, también presenta profundos rezagos sociales y altos niveles de pobreza, factores que, según analistas, han facilitado la expansión y recomposición de estructuras armadas en los últimos años.
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