La confrontación armada entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc ha sumido al Catatumbo en una de las crisis humanitarias más graves del país, con impactos devastadores sobre la población infantil, el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la libre movilidad de las comunidades rurales.

Las cifras son contundentes: más de 90.000 personas desplazadas, al menos 30.000 confinadas, más de 1.000 niños y niñas sin acceso a la educación, 166 homicidios, un promedio de 1,4 hechos violentos diarios durante 2025 y 84 afectaciones por ataques con drones cargados con explosivos. Los datos, presentados por Vivamos Humanos y la Mesa Humanitaria del Catatumbo, ubican a la subregión como la más afectada humanitariamente en Colombia.

Hay 1.000 niños y niñas afectados 

Este panorama fue expuesto en el foro “Catatumbo en guerra”, un espacio de análisis que reunió a representantes de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Gobierno nacional, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, autoridades étnicas y organizaciones sociales, con el objetivo de debatir la degradación del conflicto armado y sus consecuencias sobre la población civil.

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Uno de los impactos más alarmantes recae sobre la infancia. En 2025 se documentaron más de 1.000 casos de niños y niñas afectados en su derecho a la educación, debido a la suspensión de clases, el confinamiento y la renuncia de docentes ante la cercanía de los combates a escuelas y centros de salud.

 A ello se suma la persistencia del reclutamiento forzado de menores, una práctica reiteradamente denunciada por organizaciones sociales y agencias internacionales.

La movilidad humana también se encuentra severamente restringida. En sectores como el corregimiento de Versalles, comunidades enteras permanecen confinadas desde el 16 de diciembre, bajo bloqueos económicos y restricciones para salir de sus territorios. 

Esta situación no solo impacta la economía local, sino que profundiza los daños sociales y psicológicos, especialmente en niños y niñas que crecen en contextos de miedo permanente.

Ataques con drones

Las denuncias coinciden en señalar una vulneración sistemática del DIH. Ataques con drones sin capacidad de precisión, afectaciones a misiones médicas, iglesias y puestos de salud, irrespeto a funerales y presencia de campos minados en zonas pobladas configuran un escenario de transgresiones reiteradas a las normas que protegen a la población civil en medio del conflicto armado.

Danilo Rosales, miembro de la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, advirtió que la limitación de la actividad escolar y de la movilidad “erosiona los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y profundiza los riesgos en esta región”. Desde el CICR, su coordinadora jurídica Katherine Weir hizo un llamado urgente a los actores armados para desistir del uso de drones explosivos, al advertir que la imprecisión de estos artefactos pone en grave riesgo a la población civil.

Desde el Gobierno, la delegada del Ministerio de Defensa, Daniela Sánchez, sostuvo que el Eln y las disidencias de las Farc “regresaron al Catatumbo al pasado” y destruyeron décadas de trabajo comunitario. 

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Cuestionó, además, que el Estado deba destinar recursos millonarios a defensas antidrones, en detrimento de inversiones sociales como escuelas y servicios básicos.

En el segundo panel del foro, organizaciones sociales denunciaron la falta de articulación institucional y los retrasos en la implementación del Pacto Catatumbo. Judith Maldonado, de Poder Paz y la Mesa Humanitaria, aseguró que la crisis actual refleja omisiones prolongadas del Estado y un subregistro de víctimas que supera las 106.000 personas, cerca de un tercio de la población de la subregión.

Urge desminado

Las voces internacionales insistieron en la urgencia de acciones concretas. Scott Campbell, delegado de la ONU, recomendó iniciar de manera prioritaria el desminado de los entornos escolares antes del calendario académico de 2026 y reiteró el llamado a cesar los ataques con drones y a liberar a los niños y niñas reclutados.

El Gobierno nacional respondió a las críticas señalando limitaciones presupuestales y aclarando que el Pacto Catatumbo es una estrategia de largo plazo.

“Hoy, y tengo que decirlo con mucho dolor, esa división de poderes se está utilizando en Colombia para tener decisiones que deberían ser meramente jurídicas, se han convertido en decisiones políticas en contra del gobierno de Gustavo Petro. Y eso también hay que plantearlo de manera clara” expresó la consejera presidencial para las regiones.

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 Sin embargo, para las comunidades, la crisis humanitaria no da espera: la guerra sigue avanzando sobre la niñez, la vida cotidiana y los mínimos humanitarios en el Catatumbo.

A su turno, la senadora Clara López, dijo que seguridad sin inversión social en el Catatumbo no funciona. “Es que la política ha sido contener la violencia en el Catatumbo y no hacer una política integral de transformación profunda, porque allá lo que hay es una crisis estructural caracterizada por un abandono milenario”, dijo la congresista.

Dijo también que la comunidad barí está muy victimizada de género y de arraigo territorial.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones del evento se destacan:

• Degradación tecnológica de la guerra: el uso de drones con explosivos ha transformado el conflicto y expone directamente a civiles, escuelas y servicios de salud.

• Respuesta estatal insuficiente y desarticulada: se reclama una acción integral y sostenida que supere la emergencia y avance hacia soluciones estructurales.

• Graves vulneraciones al DIH: ataques a misiones médicas, confinamientos, reclutamiento de menores y afectaciones a bienes protegidos.

• Impacto desproporcionado en la infancia: suspensión de clases, trauma psicológico, confinamiento y riesgo permanente de reclutamiento forzado.

• Urgencia de una ruta humanitaria integral: mínimos humanitarios, corredores seguros, retorno digno y protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.

• Necesidad de implementar medidas prioritarias: desminado de entornos escolares, garantías de seguridad y fortalecimiento de la institucionalidad en zonas rurales.

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