Desde la sede del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS – en Cúcuta, campesinos desplazados del Catatumbo hicieron un llamado perentorio a la entidad para que cumpla con los acuerdos pactados con  el Gobierno. 

Aproximadamente 300 personas llegaron el día 19 de marzo a las instalaciones, en representación de 1.600 familias catatumberas que hicieron parte de un plan de sustitución de cultivo de uso ilícito impulsado con el PNIS, en 2016, tras la firma del  acuerdo de paz firmado con las extintas Farc. 

A través de esta estrategia el Gobierno pretendía reducir la dependencia económica de las comunidades en zonas de conflicto al cultivo de hoja de coca, a través de incentivos y programas de proyectos productivos que lograran la implementación de otras plantaciones.  

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Sin embargo, manifiestan que el programa nunca les cumplió mientras que ellos sí realizaron la erradicación del cultivo de hoja de coca. 

“Recibimos por algunos meses el incentivo económico pero de un momento a otro dejó de llegar y el desarrollo de proyectos productivos que habían sido planteados nunca se ejecutaron ”, expresó Alberto Cortina, campesino del Catatumbo. 

El día 4 de abril se llevará a cabo un encuentro con la directora del programa Gloria Miranda, en el que esperan exponer sus peticiones.

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Puntos a negociar 

Los afectados han establecido cinco fundamentos para sustentar su reclamo y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En primer lugar, resaltan la importancia de respetar el acuerdo individual consignado en el programa desde el inicio, el cual fue producto de la negociación directa entre el Gobierno y cada familia.

En segundo término, hacen énfasis en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 en materia de sustitución de cultivos, ya que de allí surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), diseñado para beneficiarlos.

“El Gobierno, desde la dirección del Pnis, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  estuvieron presentes comprobando que realmente hayamos hecho la erradicación del cultivo. Nosotros cumplimos, ahora les corresponde a ellos”, manifestó Alberto Cortina.  

El tercer fundamento se basa en el cuarto punto del Acuerdo de Paz, que establece el enfoque integral para abordar la problemática de los cultivos ilícitos y las drogas.

Este enfoque plantea la erradicación del cultivo a través de programas de restitución, por lo que el Gobierno debía implementar unos proyectos de producción agropecuaria en el territorio para garantizar la economía de los pobladores que hicieran parte del programa. 

“Muchos invertimos ese recurso en la siembra de cultivos, pero ellos también se habían comprometido a ayudarnos. Yo sembré cultivos de yuca y de pasto, porque prometen entregarnos unas reses, sin embargo nunca llegan y como el incentivo económico tampoco llegó, ya no teníamos cómo seguir trabajando” expresó Cortina. 

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En ese sentido muchos de estos campesinos que se habían dedicado al cultivo de la hoja de coca se enfrentaron a una crisis económica en la que tuvieron que adaptarse a otros trabajos que no eran muy bien remunerados.

“Muchos terminamos trabajando a través de jornales, que no era suficiente ni tampoco lo pactado con el Gobierno”, expresó un campesino del Catatumbo.

Como cuarto aspecto, insisten en la necesidad de que las partes involucradas participen activamente en los diálogos, garantizando así que los compromisos asumidos sean cumplidos.

“Nosotros esperamos que desde el Gobierno se hagan presentes en este encuentro programado para el día 4 de abril, para nosotros es importante que ellos puedan escucharnos y darnos solución. Exigimos que se garanticen nuestros derechos” , declaró.

Finalmente, en el quinto punto, solicitan el acompañamiento de entidades defensoras de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría, para asegurar el respeto y la protección de sus derechos.

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Coyuntura actual 

Está situación se da en medio de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que desencadenó una crisis humanitaria y generó un desplazamiento masivo que a la fecha completa más de 60 mil desplazados.

Ante esto, los campesinos manifiestan que ellos tuvieron que salir del territorio huyendo de los ataques, por lo que esperan que el Gobierno les cumpla con los pagos atrasados y con las promesas incumplidas. 

También, denuncian que esta lucha la han expuesto en los distintos gobiernos desde el 2016, que abarca los periodos de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, hasta el actual gobierno de Gustavo Petro, recalcando que ninguno les ha cumplido. 

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La actual presidencia ha lanzado un nuevo programa con modificaciones al PNIS para garantizar el cumplimiento de lo pactado. Se implementarán proyectos productivos de rápida ejecución, permitiendo que las familias que erradiquen cultivos ilícitos tengan sustento mientras los proyectos a largo plazo dan resultados. Además, se otorgará un incentivo mensual equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente. 

Es importante aclarar que quienes fueron cobijados por el PNIS no podrán hacer parte de este nuevo programa, sin embargo exigen al Gobierno que cumplan con lo que les corresponde por derecho. 

Acudirán a vías de hecho 

Ante la coyuntura actual, los voceros de las familias manifestaron que de no llegar a un acuerdo el próximo cuatro de abril acudirán a las vías de hecho para ser escuchados y que desde el Gobierno puedan darles solución.

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