La controversia generada por el contrato que, a finales del 2023, de manera discreta y sin hacer mucho ruido, suscribió el saliente alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego, con la Alcaldía de Neiva, para la actualización catastral, escaló al Congreso de la República, en donde decidieron ponerle la lupa al cuestionado negocio.
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Desde la Comisión Accidental para el Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en Colombia anunciaron que apelarán a las instancias a las que haya lugar, a fin de que se investigue el trámite que adelantó la pasada administración con un gestor catastral sobre el cual pesan muchas sombras.
La encargada de liderar esa cruzada es la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, coordinadora de dicha comisión, y quien ya elevó una queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Casadiego, por la suscripción del “convenio interadministrativo marco de colaboración para la estructuración, planeación e implementación de procesos de actualización, conservación y difusión catastral en el municipio de Ocaña”.
Para la congresista, este contrato genera muchas inquietudes y debe ser objeto de un riguroso seguimiento por parte de los entes de control, si se tiene en cuenta que Neiva, a su vez, suscribió un convenio con la Empresa de Servicios de Iluminación y Desarrollos Tecnológicos de Neiva, ESIP, para apoyar “integralmente al municipio en las labores que este tenga a su cargo, en su calidad de gestor catastral”.
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“Ese contrato beneficia directamente al cuestionado ‘Turco’ Hilsaca por intermedio de la contratación y constitución de la Empresa de Economía Mixta (SEM) Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva S.A.S E.S.P. - ESIP S.A.S. E.S.P, integrada por el municipio de Neiva, junto a AGM Desarrollos SAS y American Lightings SAS, estas dos últimas relacionadas con el cuestionado contratista costeño”, manifestó la representante de Cundinamarca.
El nombre de Hilsaca es muy bien conocido en Ocaña, como quiera que hace varios años sus empresas se quedaron con la concesión del alumbrado público en ese municipio, al igual que ocurrió en Cúcuta, Pamplona, Puerto Santander, Ábrego, Convención y Tibú.
Es por esa razón que no deja de generar dudas el hecho de que la actualización catastral haya ido a parar tan lejos, cuando en la misma región la Asociación de Municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo está habilitada para adelantar esta gestión.
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El exalcalde Casadiego asegura que el convenio se dio ante la imposibilidad que tuvo el municipio de convertirse en gestor catastral y la falta de capacidad financiera de Asomunicipios para asumir el costo de la operación.
Otras inconsistencias
La representante Alexandra Vásquez cree, además, que otro aspecto muy importante que no se debe pasar por alto en este caso, es que el Ministerio Público solicitó en enero de este año la suspensión inmediata del convenio que suscribió la Alcaldía de Neiva con la empresa ESIP, por considerar que representa un desconocimiento y amenaza grave a los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, libre competencia económica, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Recordó que esa empresa es la que, según la cláusula cuarta del contrato firmado con Ocaña, pretende prestar las mismas actividades en el municipio nortesantandereano.
De igual forma, la dirigente advirtió que el negocio entre Ocaña y Neiva no especifica una cuantía fija o límite para que el gestor y operador catastral culminen las actividades de actualización. “No hay garantías o pólizas que aseguren el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la ‘idoneidad jurídica y experiencia que se le exige al cooperante’. Pero, el municipio de Neiva y el operador catastral no cuentan con experiencia en la gestión catastral”, alertó.
La congresista dijo que a estas inquietudes se suma una más que detectaron durante el estudio del cuestionado contrato y fue la falta de publicidad, pues asegura que, a pesar de ser una obligación contractual, este no se encuentra publicado por parte del gobierno municipal de Ocaña en el sistema de contratación pública Secop, “evitando la revisión de los estudios y documentos previos”.
“Por todo lo anterior, radiqué una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se realice una investigación exhaustiva frente a este proceso de contratación y se determine la posible responsabilidad disciplinaria del exalcalde del municipio de Ocaña”, aseguró Vásquez.
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La representante a la Cámara del Pacto Histórico explicó que la Comisión Accidental para el Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en Colombia tiene una preocupación a nivel nacional y es que esta figura se esté utilizando para hacer negocios.
“Este es uno de los problemas que hemos detectado. Otro que también hemos visto y que nos preocupa mucho, es que se crean empresas de economías mixtas, se pueden hacer consorcios, pero ninguna de las empresas tiene experiencia en catastro, que es lo que denunciamos. Por ejemplo, esta empresa de Neiva se dedica es al alumbrado público, subcontratan otras empresas y eso es lo que empieza a generar toda la cantidad de errores que se están presentando a nivel nacional”, señaló Vásquez.
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