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El triste final de dos jóvenes venezolanos en Tibú
11 días después del doble asesinato, aún no se conoce en qué va la investigación.
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Martes, 19 de Octubre de 2021

Los caminos de Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23 años, y de un niño, de 15, de la etnia wayúu, se entrecruzaron inesperadamente en Tibú, hace un par de semanas, cuando ellos buscaban cumplir un mismo objetivo: conseguir dinero para ayudar a sus familias.

Aunque los dos nacieron en Venezuela, en diferentes poblaciones del estado Zulia, estando allá no se conocieron, fue después de varios meses de haber cruzado la frontera y de llegar a esa población del Catatumbo, en territorio colombiano, que se encontraron.

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Los dos decidieron ir a la zona rural de Tibú en busca de trabajo, especialmente en agricultura, porque les habían dicho que allá era muy fácil, rápido y les pagaban bien el día de jornal, aunque las familias reconocen a regañadientes que ellos terminaron raspando coca en las fincas de la vereda Versalles, en pleno corazón de esa región de Norte de Santander, que es la segunda productora de cocaína en Colombia, pues anualmente sacan 312 toneladas del alcaloide, según el más reciente monitoreo que hizo Naciones Unidas.

El menor de edad, a principios de 2020, decidió salirse de estudiar de la escuela en la que estaba en Maracaibo y, junto con uno de sus hermanos, arribó a Tibú. Mientras que Jackson Enrique lo hizo solo. Ninguno de ellos conocía esa convulsionada zona, que por más de medio siglo ha sido dominada por los grupos armados ilegales y ahora tiene la influencia de carteles del narcotráfico mexicanos.

Cada semana, 15 días o cuando tenían los ahorros suficientes, iban al casco urbano de Tibú y en una oficina de giros internacionales les enviaban a sus familias dinero, pues sabían en las condiciones económicas en que estaban.

Lo que el niño recogía era para su mamá, que tiene un tumor en los ovarios, mientras que Arriaga Parra, el mayor de dos hermanos, lo hacía para ayudar a su hija que hoy tiene 2 años de edad y también a su mamá, que se encarga de su cuidado.

Esas acciones son las que no les permiten creer a las familias de los dos jóvenes, que fueron asesinados el pasado viernes 8 de octubre, a manos de miembros de la disidencia del frente 33 de las Farc, que ellos estuvieran en malos pasos, robando como han asegurado varias personas.

Jackson Arriaga duró una semana en la morgue y el domingo, la familia reclamó el cadáver.

Auricia Moreno, tía de Jackson, es una de las familiares que se rehúsa a creer que eso sea cierto, a pesar de que en redes sociales circuló un video en el que se ve al niño que estaba con su sobrino, metiendo varias mudas de ropa a un maletín, mientras se encontraba en un local del centro de Tibú.

"Jackson era un joven alegre, con sueños de vivir, que se vino a Colombia a buscar un mejor porvenir para él, su mamá e hija. Para nosotros es imposible creer eso que están diciendo y yo no he visto ese video que están circulando, porque me es imposible creer que él hiciera eso", señaló la mujer que la noche del sábado llegó con la mamá del joven y otro familiar, a Cúcuta a reclamar el cadáver de su sobrino.

Además, otro tío de Arriaga sostuvo que jamás conocieron que él estuviera metido en problemas. "Él era un muchacho rebelde, como todos a esa edad. Allá en Venezuela trabajó en una parcela que yo tengo, pero hace un año y ocho meses dijo que se venía para Colombia, decidió radicarse en Tibú, una zona que ni él, ni nosotros conocemos. Solo intentaba salir adelante trabajando en la agricultura, que fue lo que aprendió al lado mío".

El tío también contó que un día cualquiera a principios de 2020, antes de que empezara la pandemia, Jackson le dijo que se venía para este lado de la frontera, porque económicamente no tenía para darle todo a su hija, que apenas tenía dos meses de haber nacido, y eso era lo que más lo mortificaba, por eso agarró unas cosas y salió de Las Virtudes, una ciudad que está en el sur del Lago de Maracaibo, del estado Zulia, en Venezuela.

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"El muchacho agarró un maletín, echó unas cosas y se montó en un transporte público y llegó a Cacigua el Cubo, luego buscó la frontera por Tres Bocas, pasó y llegó a Tibú, donde buscó trabajo en el campo, siempre que llamaba decía que estaba bien y trabajando juicioso", manifestó el hombre.

Precisamente, cinco días antes de ser asesinado, Jackson Enrique habló con su mamá y su tía, pero no les dijo nada extraño, solo les indicó que estaba recogiendo un dinero para irse en diciembre para Venezuela, "pues quería pasar la Navidad y Año Nuevo en su casa, con todos nosotros, especialmente con su hija. Estaba feliz, porque regresaría pronto", indicó Auricia.

La mujer afirma que de haber sabido que él estaba en malos pasos, hubiesen hecho lo imposible por venirse a Colombia a buscarlo y llevárselo, “porque nosotros somos una familia humilde que no nos gusta nada de eso. Él jamás nos dijo quién era su jefe, solo decía que estaba trabajando en varias fincas. Decía: ‘estoy bien tía, acá la cosa no es fácil, pero tampoco imposible’”.

Al igual que Jackson Enrique, el menor de edad jamás le dijo a su hermano, con el que se radicó en Versalles, o algún otro familiar, que estuviera en malos pasos o tuviera problemas, sin embargo, se conoció que desde hacía un par de semanas él decidió dejar sus labores en las fincas cocaleras para deambular con Arriaga, pero ¿para hacer qué? Nadie lo sabe.

Es más, seis días antes del trágico hecho, el pequeño habló con su hermano y quedaron de encontrarse el domingo 10 de octubre en el casco urbano de Tibú para mandarle dinero a su familia.

Aunque ya llevaba varias semanas sin saber en qué andaba, el hermano del niño tampoco se imaginó que estuviera en malos pasos, solo creyó que había conseguido un trabajo más estable que el raspar coca.

El pequeño también tenía la ilusión de regresar pronto a casa para ver a su mamá, pues sabía que estaba padeciendo una enfermedad y siempre buscó la forma de estar en comunicación con ella.

Los jóvenes fueron asesinados el pasado 8 de octubre en Tibú.

El asesinato

Pero a ninguno de los dos jóvenes se les cumplió ese deseo de retornar sanos y a salvo a sus hogares, donde los esperaban al otro lado de la frontera para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

El viernes 8 de octubre, hacia las 9:00 de la mañana, Jackson Arriaga y el menor fueron detenidos por un grupo de habitantes, comerciantes y mototaxistas de Tibú, porque los habían sorprendido, presuntamente, robándose unas prendas de vestir.

Y prueba de eso, está el video, grabado por una cámara de seguridad, en el que se ve que los dos muchachos llegaron a un local haciéndose pasar como clientes y mientras se medían unas prendas de vestir, uno de ellos guardaba varias camisas en el maletín vinotinto que llevaban.

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Los jóvenes fueron agarrados por un grupo de personas, y sin importar que les violaban sus derechos, les amarraron las manos y les pusieron unos letreros que decían: "ladrones", además, un hombre, que sería un representante de la comunidad, los grababa, al igual que otra gente, y les indicaba que los iban a castigar por lo que habían hecho y advertía que serían entregados a las autoridades.

Pero antes, pretendían pasearlos por la vía principal de esta población "para que la gente los vea y los conozca, además, si quieren tomarles fotos y videos también lo hagan".

El hombre que tomó la vocería de la comunidad, advertía, mientras grababa un video, que los castigarían de esa forma, antes de entregarlos a las autoridades, porque no los querían ver más adelante tirados a la orilla de una carretera, como viene sucediendo desde hace más de un año, que la disidencia de las Farc está aplicando la 'pena de muerte' para quienes son señalados de robar, violar, consumir drogas o tienen algún contacto con alguien de la Fuerza Pública.

Pero más que una advertencia, esas palabras fueron el presagio de lo que ocurriría 20 minutos más tarde, cuando dos hombres armados llegaron en motos y se llevaron a la fuerza y bajó intimidaciones a los muchachos.

Esas dos personas, que serían conocidas por la gente que rodeaba a las víctimas, trasladaron hasta Barrio Largo a Jackson Arriaga y al niño, para asesinarlos de varios tiros en la cabeza, dejándoles uno de los letreros que decía: “ladrones”, sin darles la oportunidad de resarcir la falta que habían cometido, a pesar de que ellos pidieron perdón y se comprometieron a no volverlo hacer.

Lo peor de todo, según contó un habitante de esa zona, es que los asesinos pasaron con sus víctimas por el frente de la estación de Policía, pues el sitio donde abandonaron los cuerpos queda a menos de dos kilómetros de ahí.

Extraoficialmente se conoció que algunas personas que estuvieron presentes cuando detuvieron a los jóvenes y cuando se los llevaron, afirmaron que llamaron en más de una docena de veces a la Policía, pero no les contestaron.

Al niño lo recibieron con globos y música en Maracaibo.

Precisamente, por esas denuncias, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, ordenó abrirles una investigación a los uniformados que permanecen en esa población, por omisión a sus funciones, enviando al inspector general de esa institución para que él mismo se hiciera cargo de las indagaciones.

Además, Fiscalía y Policía formaron un grupo especial para que se encargara de la investigación y diera con las personas que detuvieron a los jóvenes, para obtener una explicación del por qué actuaron así y también lograr identificar y capturar a los asesinos.

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Once días después de haberse registrado este hecho, aún no se conoce ningún resultado de las indagaciones. Las autoridades estarían tratando de tener la identidad precisa y ubicación de alias Richard y ‘El Diablo’, dos jefes de la disidencia del frente 33 de las Farc, quienes se han encargado de implantar su imperio del terror en Tibú, y que están bajo órdenes de Javier Alonso Veloza, más conocido como ‘Jhon Mechas’, máximo líder de esta organización criminal.

Precisamente, ese terror que ha implantado la disidencia en el Catatumbo no permite que las autoridades cumplan con sus obligaciones tranquilamente, pues policías y soldados saben que si no se cuidan, pueden ser presas fáciles para estas organizaciones criminales, como ya ha pasado en varias oportunidades, donde han visto morir a sus compañeros.

Sin embargo, la Policía sigue sosteniendo que en ningún momento sus hombres recibieron alguna llamada de la comunidad para atender ese caso. Por eso, hay que esperar el resultado de la investigación interna que se adelanta.

Las autoridades también ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones para quien entregue información que lleve a la captura de los autores materiales del doble asesinato.

La trágica noticia

Auricia Moreno contó que su hermana, Oleida del Carmen Parra Moreno, se enteró de lo sucedido con su hijo Jackson Arriaga, horas después. “Ella llegó a mi casa, afanada y llorando, diciéndome que le dijera que era mentiras que habían matado a su hijo, pues por redes vio un video donde él aparecía con las manos amarradas y frente a un grupo de personas y luego otras imágenes donde ya estaba muerto. Cuando yo le dije que sí era cierto, ella se desmayó, me tocó decirle que se calmara y que pensáramos qué íbamos a hacer”.

Añadió: “lo que no se ha evidenciado es lo que ellos se estaban robando. Los acusaron, pero nadie mostró lo que ellos se robaron. Yo también soy comerciante en Venezuela y como tal uno, al igual que las personas que hicieron eso con mi sobrino, debieron ver, dónde estaba la amenaza. Ellos eran unos niños, que con unos correazos los hubieran asustado, no había necesidad de matarlos”.

Los familiares de las víctimas fueron ayudados por las autoridades venezolanas.

La mujer también consideró que cuando los atraparon, supuestamente robando, hubiesen llamado de una vez a las autoridades y no hacerles todo lo que les hicieron, porque los expusieron para que se diera ese trágico final. “Mataron a dos niños que no sabían lo que estaban haciendo, sin darle una segunda oportunidad de arrepentimiento”, indicó la tía de Jackson Enrique.

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Nohelí Rodríguez, tía del niño wayúu asesinado, también indicó que, “ellos nunca fueron a la Policía, los asesinaron por decisión propia. Tomaron la justicia por sus manos, porque ellos los amarraron, si no los hubieran amarrado no estaría ahorita muerto, castigado sí, pero vivo”.

Agregó: “¿por qué los torturaron de esa manera, por qué no les pusieron esa cinta en las manos, si ellos estaban desarmados, ni cuchillos, no tenían nada. Lo único que puedo es felicitar al Gobierno de Colombia, por las ‘joyitas’ que tienen acá”.

Esta mujer también señaló que le pidió justicia a Dios. “Él es el único que imparte justicia, de resto no creo en nada más. ¿Acaso usted sabe quién lo mató? ¿La Policía sabe eso? Nadie sabe nada, entonces qué vamos a pedir justicia, contra quién?”.

El último adiós

El pasado jueves 14 de octubre, familiares y amigos de la familia del niño wayúu asesinado recibieron su féretro en Maracaibo, donde le dieron el último adiós. Un pequeño grupo de niños y adultos, vestidos de blanco, con globos del mismo color, fue el que se encargó de esperar la funeraria que lo llevaba a su tierra natal.

Tres días después, los tíos y la mamá de Jackson Arriaga trasladaron su féretro hacia Las Virtudes, en el sur del Lago de Maracaibo, del estado Zulia, también en Venezuela, donde los esperaban más familiares y amigos.

Los dos cuerpos, en diferentes días, fueron retornados por el mismo punto de la frontera por donde ellos pasaron con vida hacia Colombia hace casi dos años. La funeraria San Miguel, de Tibú, los llevó hasta el corregimiento Tres Bocas y de ahí los embarcaron en unas chalupas y luego de atravesar el río Catatumbo, los recibió una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana.

El cadáver fue llevado en una chalupa hasta Venezuela.

Los uniformados se encargaron de agarrar los féretros y llevarlos hasta donde estaba otra carroza de una funeraria venezolana, para luego trasladarlos a sus ciudades de origen. “El acompañamiento de los guardias fue muy bueno, además, que ayudaron a las familias en lo que necesitaron”, contó un habitante de la zona.

Además, se conoció que la Alcaldía de Cacigua el Cubo (Venezuela), organizaciones defensoras de derechos humanos y hasta la Guardia Nacional ayudaron con el costo de las honras fúnebres de los dos jóvenes asesinados en Tibú, pues las familias de ellos son muy humildes y no contaban con dinero para asumir esos gastos.

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